Movilización

Aznar responde a la huelga aprobando por decreto la reforma del desempleo

El Consejo de Ministros adoptó ayer una medida que nadie se esperaba. El Gobierno, presidido por José María Aznar, decidió aprobar por Real Decreto el paquete de medidas para reformar el sistema de protección por desempleo que ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga general para el próximo 20 de junio.

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, fue el encargado ayer de explicar a los medios de comunicación el contenido de este decreto, que no varía apenas respecto al rechazado por los sindicatos, y la urgencia con la que se ha aprobado. Tras su aprobación ayer, el texto legal será publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor desde mañana mismo.

El Consejo aprobó también ayer enviar al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social (CES) un anteproyecto de reforma de la Ley Básica de Empleo, que posteriormente se tramitará en el Parlamento y que afecta al funcionamiento de los servicios públicos de empleo y su coordinación por parte de las comunidades autónomas. La tramitación de esta ley sí tendrá más margen de maniobra que la de las prestaciones por desempleo y por ello se mantendrán los contactos con las comunidades para incluir, si fuera el caso, más cambios.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Aparicio justificó que el Ejecutivo haya tomado esta decisión justo al día siguiente de la convocatoria oficial de la huelga general, al asegurar que 'el Gobierno no actúa para sorprender a nadie, sino porque tiene que actuar'. Reiteró en varias ocasiones que la urgencia en la acción del Ejecutivo no ha sido tal 'porque llevaba un mes anunciando la aprobación de esta reforma', e hizo hincapié en que la utilización del Real Decreto es una 'tramitación normal' en cualquier reforma laboral, para evitar el 'efecto anuncio o efecto pausa' que podría llevar a los empresarios a paralizar las contrataciones en espera de qué ocurre con la nueva ley.

En cuanto al contenido de lo aprobado no difiere sustancialmente de las medidas que han provocado la convocatoria de la huelga general. Si bien es cierto que el Gobierno 'ha aceptado sugerencias de las comunidades autónomas, los empresarios y los representantes de la economía social, siempre en la línea marcada por el Gobierno', dijo Aparicio.

Fruto de esas sugerencias aceptadas a las comunidades, el Gobierno ha rebajado levemente las condiciones de lo que el Inem considerará una oferta de empleo adecuada y, por tanto, irrechazable. Así, ha rebajado de 50 a 30 kilómetros o dos horas de desplazamiento como máximo, la ubicación del empleo que se deberá aceptar y especifica que se tendrán en cuenta 'las circunstancias profesionales, personales y familiares del parado'.

Salarios de tramitación

Sin embargo, se mantiene que transcurrido un año el Inem considerará oferta adecuada de empleo cualquiera que el trabajador esté en disposición física y mental para realizar. Igualmente, seguirá siendo un técnico de la Administración el que calificará la idoneidad de la oferta, en función de los nuevos criterios y acordará la retirada de la prestación al tercer rechazo injustificado de un empleo adecuado.

La otra gran crítica sindical, la eliminación de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes (aquellos correspondientes al tiempo desde que el trabajador es despedido hasta que sale el fallo judicial), también ha sido aprobada. Aunque el Gobierno establece una salvedad: los salarios de tramitación se pagarán en los casos de readmisión del trabajador, que en la práctica son residuales.

Los cambios en el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura también permanecen inalterables. Los actuales beneficiarios lo conservarán, pero los nuevos ingresarán en un nuevo sistema contributivo, sin subsidios, que se extenderá a toda España y que exigirá cuatro días de cotización para generar un día de prestación por desempleo. El cobro en forma de capitalización de la prestación se mantedrá para destinarlo al capital social en la creación de una cooperativa o sociedad anónima laboral y se permitirá que la prestación se destine enteramente al pago de cotizaciones sociales si el parado decide convertirse en autónomo. El Gobierno renuncia a ampliar y desproteger el contrato de inserción.

CC OO y UGT aseguraron ayer que seguirán con la huelga, ahora 'con más razón'.

Las medidas que han provocado la ruptura del diálogo social

Renta activa de inserción. Extensión de esta ayuda a los discapacitados, mujeres maltratadas y emigrantes retornados. 'Compromiso de actividad'. El parado estará obligado a firmar un documento por el que se compromete a trabajar y a participar en las acciones ofrecidas por los servicios de empleo para poder cobrar la prestación. 'Empleo adecuado'. Se considerará una oferta de empleo adecuada aquella que se corresponda con la profesión del desempleado, ubicada a un máximo de 30 kilómetros o dos horas y su salario deberá ser el mínimo del sector o el salario mínimo interprofesional más los gastos de desplazamiento. Se tendrán en cuenta las circunstancias profesionales, personales y familiares del parado. 'Retirada de la prestación'. Tras redefinir lo que es una 'oferta adecuada de empleo', la prestación se verá recortada tres meses al primer rechazo de una oferta adecuada, seis meses al segundo rechazo y el parado perderá toda la prestación al tercer rechazo injustificado. 'Salarios de tramitación'. Eliminación de los salarios de tramitación en el caso de los despidos improcedentes. Sólo se respetarán si el trabajador es readmitido. 'Indemnización por despido'. Se considerará la indemnización por despido como renta a efectos del límite establecido para poder acceder al subsidio de desempleo. 'Nuevos incentivos'. El empresario que contrate a un mayor de 52 años preceptor del subsidio agrario recibirá mensualmente el 50% de la prestación del parado y completará el resto del salario. 'Extinción del subsidio agrario'. Se mantendrá en Andalucía y Extremadura para quienes ya lo cobran, pero para los nuevos perceptores se establece un sistema contributivo que se extenderá a toda España.