Crédit Agricole deja Argentina y aviva la crisis bancaria
El Crédit Agricole anunció en la noche del domingo el traslado de su sede operativa a Uruguay y su decisión de no hacer más aportes de capital a sus entidades en el país. El anuncio motivó la intervención del Banco Central, que decidió que el estatal Banco Nación se hiciera cargo de las tres filiales de Crédit Agricole en Argentina (Bisel, Suquía y Entre Ríos) hasta que sean vendidas al sector privado.
De inmediato, el Gobierno salió al paso para negar una crisis generalizada del sistema bancario e insistir en que el Estado no planea nacionalizar las entidades con problemas.
'Si bien el sistema financiero está en crisis, en la perspectiva no se vislumbra que muchos más bancos tengan dificultades', aseguró el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof. Sin embargo, Crédit Agricole es ya la segunda entidad que se plantea abandonar el país tras el canadiense Scotiabank.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, precisó ayer que, a diferencia de entidades de otras nacionalidades, la banca española está comprometida en la solución argentina, incluso con aportes de capital.
La crisis del sistema financiero se acentuó tras la decisión del Gobierno de congelar en diciembre los depósitos para evitar una fuga de capitales. Lavagna aseguró ayer que en pocos días se anunciará una solución para el denominado corralito, pero lo cierto es que el Gobierno y los bancos mantienen posturas enfrentadas respecto a la posible conversión de depósitos en bonos públicos que hacen dudar de una solución próxima.
La crisis abierta ha alcanzado incluso al Banco Central, cuyo presidente, Mario Blejer, como los bancos y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), quiere que el canje de bonos por depósitos bancarios sea obligatorio.
Esta nueva crisis amenaza el viaje que hoy realizará Lavagna a Washington para entrevistarse con técnicos del FMI. Tras los avances registrados la semana pasada al aprobarse la Ley de Quiebras, a requisito del Fondo, la situación del Gobierno ante el organismo multilateral sufrió ayer un serio retroceso.
Dos de las principales provincias del país, Buenos Aires y Santa Fe, rechazan ahora el pacto fiscal suscrito a finales de abril con el Gobierno, por considerar que no garantiza los ingresos de las provincias.
El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, advirtió que 'no voy a llegar a nada que no pueda cumplir', en referencia al compromiso de reducir un 60% su déficit fiscal y no emitir más bonos que circulan como monedas en los Estados. Santa Fe, por su parte, exige cambios en los impuestos aplicados a las exportaciones. El acuerdo con las 23 provincias es clave para avanzar en la negociación con el FMI y sólo han firmado el acuerdo con el Gobierno siete de ellas.