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Multa

El Banco de España impone una fuerte sanción a la Caja Rural de Canarias

El Banco de España ha resuelto definitivamente el expediente que abrió a la Caja Rural de Canarias en abril del año pasado con una multa a la entidad y a los gestores, que deberán pagar en total 167.000 euros. Además, inhabilita al presidente, Antonio Cabrera, por utilizar personas y sociedades interpuestas para financiar a sus empresas.

La Caja Rural de Canarias tendrá que afrontar una dura sanción por faltas graves y muy graves. El Banco de España ha multado a la entidad y a 13 altos cargos con un montante global de 167.000 euros.

Además, ha decretado la inhabilitación del presidente, Antonio Cabrera Sanabria, durante cinco años. Le acusa de haber cometido una infracción grave al utilizar 'personas físicas o jurídicas interpuestas' con el fin de conseguir financiación para su grupo de empresas. Así consta en la resolución del Banco de España, a la que ha tenido acceso este periódico.

El supervisor bancario considera probado que la caja rural concedió facilidades crediticias a empresas del grupo Cabrera Sanabria 'mediante descubiertos en cuenta corriente' y 'descuentos comerciales', sin cumplir las normas que rigen las operaciones con sociedades vinculadas a miembros del consejo rector.

Califica este hecho de falta muy grave y de grave el que la entidad no pidiera autorización previa al consejo rector.

Los créditos se concedían a sociedades ajenas a Antonio Cabrera y se traspasaban a una sociedad inactiva, Archipiélago Canario, que a su vez transfería el importe a empresas del presidente.

El Banco de España ha encontrado una infracción leve en la ocultación de datos porque la entidad no declaró que la sociedad Jandía Devco pertenecía al grupo Cabrera, como luego se demostró.

La multa más cuantiosa es la impuesta al presidente de la caja rural, Antonio Cabrera, de 25.000 euros, por las infracciones 'continuadas' cometidas en 1999 y 2000.

Otros altos cargos también están sancionados por su responsabilidad ante estas acciones. El director general, Francisco Espino, afronta una multa de 19.000 euros. Los cuatro miembros de la comisión ejecutiva tendrán que pagar 15.000 euros cada uno y los seis representantes en el consejo rector han sido sancionados con una sanción individual de 3.000 euros.

El supervisor bancario ha ratificado las sanciones que ya comunicó a la entidad a finales del año pasado.

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