La oposición a la reforma del paro
La reforma del paro ha recibido una virulenta contestación. Carlos Sebastián la considera una buena medida, aunque expresa sus dudas sobre la capacidad del Inem para gestionar el nuevo sistema
Hace cuatro semanas en estas mismas líneas saludaba positivamente la propuesta del Gobierno de reformar el sistema de protección del desempleo. Y lo hacía desde los resultados de estudios que se han venido produciendo en Europa en los últimos lustros y desde la experiencia constatada en otros países europeos. No esperaba realmente que la propuesta recibiera una contestación tan virulenta por parte de sindicatos, partidos políticos y creadores (?) de opinión. No tenía en cuenta el forofismo futbolero que domina la discusión pública en nuestro país desde hace años.
La reforma propuesta, que consiste en condicionar la percepción del subsidio a la actitud del beneficiario respecto a las ofertas de empleos o de cursos, busca paliar los efectos negativos del sistema de protección del parado sin disminuir el grado de protección. Y lo hace siguiendo experiencias muy positivas en Holanda y Dinamarca. Bien es verdad que en esos países, con un sistema de valores diferentes a los de nuestra sociedad -sobre todo en los que se refiere a los dineros públicos-, la reforma tuvo una aceptación social que no parece concitar aquí.
¿Cuáles son los efectos negativos de la protección del desempleo? Todos los estudios coinciden (y en España hay algunos muy buenos) en que las características del sistema de protección afectan decisivamente a la tasa de salida del paro. Las características relevantes son tres: cuantía, duración y contrapartidas de la prestación. En Holanda y Dinamarca se ha elegido, y la propuesta española va en la misma dirección, mantener intactas las dos primeras y hacer más exigentes la tercera. Y en esos países ha funcionado muy bien. Por otra parte, y es una manifestación del mismo fenómeno, en nuestro país se presentan situaciones (como en 1999 y 2000) en las que conviven 1,6 millones de parados registrados y significativas escaseces de mano de obra de muy diversa cualificación en varios sectores.
El parado que recibe fondos de sus conciudadanos contribuyentes tiene que estar dispuesto a aceptar un puesto de trabajo o a enrolarse en cursos de formación. Si por tres veces ha rechazado esas ofertas, no debería seguir recibiendo fondos de sus conciudadanos. La única duda, que yo expresaba en mi artículo de hace un mes, es la capacidad del Instituto Nacional de Empleo (Inem) para gestionar de forma eficiente el sistema reformado. Pero ese no es el argumento que esgrimen los opositores a la reforma. Por otra parte, pocos incentivos tenía el Inem para ser eficiente cuando toda la gestión era mecánica y pasiva. Ahora, quizá, tenga más.
Es verdad que dentro de la reforma se han introducido otras modificaciones que no se refieren al sistema de protección del paro y cuyos efectos beneficiosos están menos contrastados. Se trata de la supresión de los salarios de tramitación en los procesos de despido. A mí me parece una buena medida, sobre todo mientras que se mantenga el sesgo a favor de los trabajadores en las decisiones de los Tribunales de lo Social, pero no puedo apoyarme en este caso en una evidencia tan contundente como la que existe a favor de la reforma que se ha propuesto en el sistema de protección de los desempleados.