EE UU endurece la normativa sobre conflictos de intereses
Las conversaciones mantenidas entre el presidente del regulador del mercado de EE UU, Harvey Pitt, y el fiscal general del Estado de Nueva York, Eliot Spitzer, sobre los conflictos de intereses de analistas y banca de inversión dieron ayer sus primeros frutos. Tras una larga reunión celebrada ayer por la mañana, la comisión de gobierno del regulador aprobó por unanimidad nuevas reglas que van forzar a los analistas a revelar sus relaciones con las empresas sobre las que emiten informes. El objetivo es reforzar la muralla china, símil que se utiliza para definir la separación entre los negocios de la banca de inversión de una entidad financiera y el trabajo de sus analistas. Esta muralla tiene más de una grieta, como han demostrado los informes de analistas sobre empresas de Internet. Los expertos desconfiaban en privado del sector mientras en público recomendaban su compra. La caída de Enron también ha puesto en tela de juicio a los analistas.
Desde el regulador se dijo ayer que éste era un paso importante, pero que si no da frutos se irá más allá. También se reforzará la legislación en caso de que de la investigación iniciada el 25 de abril sobre varios bancos se deduzca que hay otros comportamientos a atajar.
Entre las nuevas reglas destaca la que prohíbe a los bancos relacionar el salario de los analistas con los acuerdos específicos a los que llegue la banca de inversión con la empresa analizada. Además, se debe dejar constancia pública de si la retribución de los analistas está ligada a los ingresos del negocio de banca de inversión en general. Se prohíbe a los analistas emitir un informe 40 días después de una salida al mercado cuya colocación se haya encargado al banco de inversión para la que trabaje. Además se restringe, pero no se prohíbe, la colaboración entre los empleados de banca de inversión y análisis de la misma firma. Por lo que se refiere a las intervenciones de los analistas en los medios de comunicación, se pide que ellos mismos digan cuáles son sus intereses en el valor en cuestión y los de su banco.
Paralelamente, siguen las conversaciones entre Merrill Lynch y la fiscalía de Nueva York para cerrar un acuerdo que evite una querella o demanda contra la firma por la presunta manipulación de los informes de analistas. Están siendo 'muy productivas', según un portavoz de la entidad. Merrill Lynch quiere acelerar un acuerdo con Spitzer porque llegar a juicio sería devastador para la reputación del banco. La comparecencia judicial prevista para hoy ha sido retrasada hasta el 16.
Merrill Lynch está dispuesta a pagar 50 millones de dólares (55,32 millones de euros) para evitar un juicio penal. Pero el acuerdo no es fácil. Merrill no quiere aceptar condiciones que le coloquen en desventaja con respecto a sus competidores. Consciente de ello, Spitzer quiere que el acuerdo con Merrill siente precedente.