Los sindicatos acusan a Aznar de abaratar el desempleo para poder rebajar el IRPF
La pelota está definitivamente en el tejado de Aznar. El presidente del Gobierno tiene desde ayer sobre su mesa la carta enviada por los secretarios generales de CC OO, José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, en la que se le exige en tono firme, aunque sin amenazas expresas de huelga general, que se retire la propuesta de reforma del sistema de protección por desempleo.
Se trata de un documento, dicen los sindicatos, que 'si fuera cierto que se desea negociar, no tienen más alternativa que su retirada del actual escenario para facilitar que entre todos consigamos un acuerdo'.
En la carta, de media docena de folios, Fidalgo y Méndez utilizan en varias ocasiones una fórmula directa de reproche a Aznar: 'Señor presidente, usted sabe que no es posible negociar una reforma que trata de facilitar el despido (...). Usted sabe también que no es posible negociar una reforma que trata de recortar los derechos y prestaciones de los trabajadores (....). Y, por último, señor presidente, usted sabe que no es posible negociar una reforma que trata de expulsar de forma arbitraria a quienes reciben alguna clase de protección por desempleo'. Advierten también a Aznar, a la sazón presidente de turno de la Unión Europea, que 'las medidas propuestas parecen optar por un modelo de crecimiento económico que nos aleja en términos económicos y sociales de la convergencia en la UE, nos encamina hacia la periferia y no hacia el centro, a lo marginal y no a lo esencial, a mirar al pasado y no al futuro'.
Con el nuevo modelo de protección propuesto por el Gobierno, aseguran los sindicatos, 'las prestaciones no se considerarían un derecho por haber trabajado y cotizado previamente, que se ejercita en una situación indeseada, sino que se culpabiliza a las personas en paro por recibir aquello para lo que han contribuido como si estuviesen defraudando al conjunto de la sociedad; se pretende pasar de un modelo 'basado en derechos a uno basado en la concesión administrativa en el que el trabajador carece de derechos'.
Los secretarios generales de las centrales recuerdan a Aznar que en el propio Programa de Acción para el Empleo de España de 2002 el Ejecutivo reconoce que 'el sistema español de protección no engendra trampas de pobreza, ya que la prestación es claramente inferior al salario'. Recuerdan igualmente que ahora el excedente de cotizaciones anual por desempleo es de unos 3.400 millones de euros, y se preguntan '¿cuál es la urgencia y la necesidad de proponer fuertes recortes en la prestación?'. 'Más parece que la nueva reducción de impuestos anunciada (prosigue la epístola) pudiera requerir asegurarse este colchón de ingresos, algo que sería profundamente injusto e intolerable'.
Fidalgo y Méndez recuerdan que tienen alternativas para mejorar tanto el sistema de protección por desempleo como el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Muestran su disposición a negociar en favor del 'pleno empleo con derechos', pero siempre partiendo de cero, sin documentos impuestos. Y advierten que tomarán medidas (sin hacer mención de una huelga general) si el 23 José María Aznar no ha reconducido la negociación y retirado su reforma.