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Medios

Los socios de Quiero TV aprueban la liquidación de la plataforma

La situación terminal de Quiero ha desatado los conflictos y reproches entre los accionistas, que convirtieron la junta de ayer en un campo de batalla. Según fuentes oficiales de Quiero, la junta aprobó por unanimidad presentar al Ministerio de Ciencia y Tecnología la solicitud de resolución del contrato de concesión de la televisión digital terrestre. No hubo votos en contra, pero sí ausencias. La BBK no acudió a la asamblea y MediaPark se fue de ella, ya que no la consideraba válida.

La postura de MediaPark se fundamenta, según un portavoz oficial de la compañía, en la solicitud de quiebra presentada por un juez en representación de un proveedor y en la petición de un arbitraje de equidad. MediaPark asegura que uno de los suministradores de descodificadores de Quiero ha pedido judicialmente la quiebra de la compañía y que, ante este hecho, no consideraban correcto que continuara la junta. Además, ellos mismos han solicitado un arbitraje, para que sea un juez el que decida sobre la responsabilidad de Auna en la situación a la que ha llegado la televisión digital.

Por ello, MediaPark ha decidido levantarse de la junta y exigir la convocatoria de una nueva asamblea, ya que considera que ningún acuerdo será legal hasta que se hayan resuelto los conflictos.

En Quiero, sin embargo, la postura es radicalmente distinta. La compañía asegura que la junta se ha celebrado ante notario, que ha avalado todo el proceso y ha levantado acta de la unanimidad de los socios a la hora de decidir empezar el proceso de devolución de la licencia. Fuentes de la plataforma afirman desconocer la petición de quiebra, pero insisten en que nada puede invalidar la decisión de los principales órganos de administración de una empresa.

El conflicto desatado ayer entre MediaPark y los socios de Quiero es sólo un episodio más de las desavenencias entre los accionistas de la plataforma. La compañía catalana afirma sentirse engañada por Auna. El holding de telecomunicaciones consiguió que entrara en el accionariado de Quiero vendiéndole un proyecto de televisión digital con futuro, aseguran fuentes de la empresa, pero luego desistió. Su gestión en los últimos tiempos es la causante, añaden, de la situación que vive ahora la plataforma.

MediaPark, sin embargo, parece haberse quedado sola en una lucha que comenzó con Planeta. El grupo editorial fue, de hecho, gestor de la plataforma en un principio, hasta que la postura de Auna le hizo tirar la toalla. Hace más de un año que el grupo editorial muestra su disconformidad rehusando aportar todo el capital solicitado en las ampliaciones y cuestionando la gestión. Pero ayer votó en el mismo sentido que Auna, según Quiero.

Según la nota emitida ayer por la plataforma, los órganos de gobierno adoptaron la decisión de iniciar la liquidación ordenada de Quiero porque, 'a pesar del cumplimiento de la totalidad de los compromisos asumidos en su oferta, las condiciones actuales hacen inviable continuar con la explotación de la concesión del servicio público de televisión digital terrestre'. Una decisión que la compañía 'lamenta', a la vez que se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de resolución del contrato se realice de la forma más respetuosa posible con los intereses de todos los afectados'. El próximo paso, según Quiero, es negociar un acuerdo con el Gobierno que tiene claro su derecho a recuperar las frecuencias.

Los consumidores piden la tutela del Gobierno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unión de Consumidores España aseguró ayer que espera un ejercicio de responsabilidad de los gestores de la plataforma de TV Quiero durante el proceso de liquidación de la compañía.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'El proceso', aseguró un portavoz de la asociación, 'debería estar tutelado por la Administración, ya que es obligatorio que se respeten los derechos adquiridos por los abonados a la plataforma. La compañía tiene que responder de todos los servicios ya pagados y no disfrutados por sus usuarios como bonos para la adquisición de películas ya prepagados, cuotas de abono pagadas y todavía no disfrutadas, etc. Los avales que depositó la empresa ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberán valer, entre otras cosas, precisamente para eso', indicó el portavoz. La UCE asegura que 'es imposible entender la liquidación de una empresa como Quiero sin tener en cuenta los intereses de los abonados'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta entidad de defensa de los consumidores es perfectamente lícito que la compañía a día de ayer siga intentando captar nuevos abonados. 'No es ilegal que lo intenten, lo que sería contrario a la ley es que estuvieran publicitando el servicio, cosa que ahora mismo no hacen'. Ayer en el centro de atención telefónica de Quiero los operadores seguían trabajando con toda normalidad. Desconocían el futuro que los accionistas reservan para la empresa y aseguraban no tener información de la forma en la que la compañía haría frente a los compromisos para con sus abonados en el caso de que ésta cerrase.

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