La "Industria del juicio" permitió a los ahorradores retirar sus fondos en Argentina
Las restricciones en el uso del dinero en efectivo que está en los bancos comenzaron a aplicarse en diciembre pasado, pero en enero se agudizaron al quedar prohibido el acceso libre a los fondos colocados en depósitos a plazo fijo.
Pero gracias a sentencias judiciales, un total de 2.477 millones de pesos (unos 825 millones de dólares) pudo librarse hasta el miércoles de esas restricciones bancarias, llamadas popularmente el "corralito" financiero, según datos del Banco Central.
Fuentes oficiales citadas por las agencias locales DyN e Infosic informaron de que autoridades del Banco Central quieren llevar ante el Consejo de la Magistratura datos que pueden indicar la posibilidad de que se haya "montado una industria del juicio".
En ella pueden estar involucrados determinados bufetes de abogados, que no fueron identificados, así como algunos jueces, según las fuentes.
Portavoces del Banco Central consultados por EFE no pudieron confirmar la posibilidad de que el caso vaya a ser llevado al Consejo de la Magistratura, aunque dieron a conocer datos que pueden dar pie a la existencia de la mencionada "industria del juicio".
Por ejemplo, en la distribución de sentencias judiciales que ordenaron devolver a los ahorradores dinero retenido en el "corralito", el 13,8 por ciento de ellas corresponde a la provincia norteña del Chaco, una de las menos pobladas del país.
Esa cantidad de sentencias judiciales de la provincia del Chaco, de acuerdo a los datos hasta el 19 de abril, es incluso mayor que el número de dictámenes emitidos en la ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a montos, los jueces del Chaco liberaron un total de 191 millones de pesos (63 millones de dólares), frente a los 279 millones de pesos (93 millones de dólares) de la capital.
El caso fue llevado el jueves a una reunión del Gobierno de Eduardo Duhalde por el presidente del Banco Central, Mario Blejer, según dijeron a la agencia DyN fuentes oficiales.
De acuerdo a esas fuentes, Blejer señaló que ya casi no existen depósitos de más de 1 millón de dólares dentro de los bancos, y el resto ha quedado liberado del llamado "corralito" financiero.
Fuentes parlamentarias aseguraron a la agencia local Infosic que las autoridades quieren investigar si hubo jueces que podían tener algún vínculo con estudios jurídicos que defendían a grandes ahorradores que querían recuperar su dinero.
Las fuentes creen que esa vinculación parte de la antigua relación que pudieron tener esos jueces con determinados bufetes de abogados.
Según los datos del Banco Central, el Banco Río, controlado por el grupo español Santander Central Hispano (SCH), fue el que más ha sufrido la retirada de depósitos por sentencias judiciales, con el 20,8% del total.
El Banco Río, el tercer banco privado en cuanto depósitos, debió liberar un total de 515 millones de pesos (171 millones de dólares) por sentencias judiciales a favor de ahorradores.
Le siguieron el BankBoston, con el 12,1% del total, y el Banco de la Nación Argentina, de carácter público, con el 11,1%.
Se calcula que la banca retiene depósitos por valor de unos 141.750 millones de pesos (unos 47.250 millones de dólares).
Con el fin de frenar esta "sangría" de depósitos a partir de sentencias judiciales, el Parlamento argentino aprobó entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves una ley "tapón" que impide entregar fondos a partir de recursos judiciales si no hay una sentencia firme.
Esa ley permitió que los bancos argentinos, que están cerrados desde el lunes pasado, puedan abrir sus puertas a partir de hoy, aunque con horario y funciones restringidas, mientras se buscan mecanismos para normalizar la situación.
Sin esa norma, las autoridades argentinas temían que si seguía el mismo nivel de retirada de depósitos a partir de sentencias judiciales, muchos bancos terminarían en la quiebra.