La SEPI autoriza la fusión de ofertas para comprar Trasmediterránea

Los ofertantes conocidos son seis y están liderados por Boluda, Acciona, Balearia, Marsans, Sacyr y Sea Container. No obstante, es posible que haya sorpresas. La SEPI permitirá la fusión entre grupos aspirantes al formular las ofertas vinculantes.

La privatización de Trasmediterránea enfila su etapa definitiva. Hoy se presentarán ante la SEPI (propietaria del 95% del capital) las propuestas no vinculantes de los que se postulan como propietarios de la naviera pública. En principio la lista de aspirantes no supera los seis grupos.

No obstante, las dudas que han tenido las diferentes empresas interesadas durante el proceso preliminar han creado un cierto clima de emoción e incertidumbre, por lo que no hay que descartar incorporaciones o deserciones en el último momento.

El grupo Boluda ha confirmado su presencia en el proceso de privatización. Hace la oferta en solitario porque considera que, en el periodo no vinculante, lo importante es aportar un plan industrial coherente para el futuro de Trasmediterránea.

Un segundo aspirante que ha confirmado su participación es el liderado por el grupo Acciona, que contará con el 45% en el capital del consorcio. Le acompañan la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con un 15%, una sociedad formada por el grupo de Abel Matutes y la Naviera Armas, con un 20%, y, por fin, la naviera Aznar, con un 20%.

La sociedad Teinver, vinculada al grupo Marsans, ha anunciado públicamente que estará presente en la puja por Trasmediterránea, asociada con Ahorro Corporación. Hay que recordar que Marsans fue el adjudicatario de uno de los procesos de venta de empresas de la SEPI durante el periodo de la presidencia de Ignacio Ruiz-Jarabo: la privatización de Aerolíneas Argentinas el verano pasado.

La naviera Balearia encabezará otra propuesta. En el proceso estará acompañada por la constructora de barcos italiana Cantieri Navali, la que controla dos astilleros en Génova y Messina. El grupo se completará con alguna entidad financiera cuyo nombre no ha trascendido.

Los dos últimos consorcios a los que se ha mencionado entre los aspirantes en la puja tienen como líderes uno a la empresa británica Sea Container y el otro a la constructora Sacyr y al grupo Bergé, que cuenta con intereses en el negocio marítimo.

Flexibilidad

Los candidatos consultados han señalado que el propietario de Trasmediterránea, la SEPI, se ha mostrado muy compresiva ante las quejas que le han presentado. Los aspirantes consideran que el cuaderno de la privatización que realizó el SCH no ofrece información suficiente para poder articular una propuesta por la naviera pública con el rigor suficiente.

En este contexto los candidatos piden las máximas facilidades para que, una vez conocidos los parámetros de Trasmediterránea a fondo, se pueda variar la cuantía económica de la oferta no vinculante.

Además, solicitan que se autoricen las fusiones o reagrupamientos entre distintos candidatos admitidos a la segunda fase del concurso. Todos tienen interés en reforzar al máximo las candidaturas iniciales.

Disparidad en la valoración de la naviera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los candidatos a la privatización de Trasmediterránea advierten que el precio que, todavía de forma no vinculante, incorporan a sus propuestas es sustancialmente más bajo que el del valor en Bolsa de la naviera, que oscila entre 450 y 460 millones de euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La advertencia es interesada, pero todos coinciden en que la puja no debe exceder los 210 millones de euros. Argumentan que los márgenes del negocio son estrechos y las incertidumbres muchas, la renovación de la flota ha elevado el endeudamiento de la naviera, mientras que las exigencias de mantenimiento de la plantilla son gravosas y que el contrato de servicio público es un arma de doble filo. Por un lado, asegura ingresos hasta 2007; pero, por otro, obliga a mantener activos unos recursos que a partir de ese año habrá que liquidar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de los consorcios han señalado que la SEPI les ha informado del calendario que pretende seguir hasta que se culmine la privatización de Trasmediterránea antes del próximo verano. Tras la presentación de ofertas de hoy, se tomará unos 15 o 20 días para estudiar las propuestas y cursar las invitaciones. Las sesiones informativas (data room) se realizarán en una semana y posteriormente los candidatos presentarán sus ofertas vinculantes.