El PP rompe el diálogo sobre la seguridad de los ediles vascos
La comisión vasca reunida ayer en Vitoria para adoptar medidas de protección de los concejales vascos amenazados por ETA finalizó sin acuerdo, tras abandonarla el PP. Su plante se produjo por la negativa del PNV a incluir en un documento el respaldo a la ilegalización de Batasuna, informa Efe. La comisión, integrada por todos los partidos vascos con representación parlamentaria, excepto Batasuna, tenía previsto cerrar ayer un pacto con reformas legales para facilitar la seguridad y el trabajo de los concejales.
El representante del PP, Carlos Urquijo, planteó la inclusión de un voto particular que recoge la posición de su partido respecto a 'tres medidas clave para la erradicación del terrorismo': las mociones de censura contra alcaldes de Batasuna, el bloqueo de financiación pública a esta formación y su entorno, y el respaldo a la reforma de la Ley de Partidos para que los tribunales puedan acordar, 'si lo estiman pertinente, la ilegalización de Batasuna'.
Reforma del Código Penal
El PNV se opuso a la inclusión de este capítulo y el PP abandonó la comisión y anunció que no volverá a ella si no se le admite este voto particular. Por otra parte, el Partido Socialista de Euskadi condicionó la firma de un acuerdo a la inclusión en éste de la reforma del Código Penal para tipificar el delito de amenazas y coacciones a los ediles y de la reforma de la ley para que los condenados por ello no puedan acceder a cargos públicos.
El representante socialista, Víctor García, defendió la petición de voto particular del PP, porque 'un partido no puede oponerse a que otro partido haga salvedades', pero señaló que se había equivocado en el momento de plantearlo, e indicó que no influirá en la continuidad del PSE en la comisión.
Las reformas legales para mejorar la seguridad de los ediles, que estaban casi acordadas, incluyen una mayor facilidad para constituir gestoras municipales, los cambios en los registros para que los datos de éstos sean más opacos a los violentos y la posibilidad de que los concejales puedan desempeñar su representatividad sin tener que acudir a las sedes municipales y evitar así rutinas que favorezcan los atentados.
Por otra parte, el Consejo de Estado aprobó ayer el dictamen sobre la Ley de Partidos Políticos en términos favorables y lo remitió al Ministerio de Justicia. Los responsables del departamento decidirán si realizan modificaciones en el texto. La pretensión del ministro Ángel Acebes es acelerar al máximo su envío al Consejo de Ministros y su posterior tramitación parlamentaria, con el fin de que la reforma entre en vigor antes de las vacaciones de verano.