El Gobierno argentino se aferra por proteger su 'corralito'
El gobierno firmará en las próximas horas un decreto para que pasen directamente a manos de la Corte Suprema de Justicia unos 160.000 recursos de amparo presentados en los juzgados contra el impopular "corralito", como se llama a las restricciones bancarias.
El Gobierno quiere que las decisiones sobre este tema de los tribunales de primera instancia queden en suspenso y que los bancos puedan apelar los recursos que ya se han dictado en favor de los ahorradores y que han implicado la entrega del dinero.
Las autoridades justificaron la medida en el hecho de que el sistema bancario corre "un grave riesgo", mientras que juristas y abogados rechazaron la "intromisión" del gobierno en las decisiones del poder judicial.
El viceministro de Economía, Jorge Todesca, subrayó hoy que el decreto busca frenar una "sangría" de fondos de los bancos que pone "en grave riesgo" al sistema financiero y al plan económico en vigor.
Si no se frena la salida del dinero de los bancos "se llegaría a una situación fuera de control", advirtió Todesca a la emisora local Radio Continental.
El portavoz presidencial, Eduardo Amadeo, anticipó un "tortuoso camino legal" para los ahorradores que pretenden recuperar su dinero por la vía judicial.
Señaló que el 15 % de los ahorradores son quienes apelan a la justicia para recuperar su dinero, lo cual ha "puesto en peligro" al 85 % restante que aceptó reprogramar los vencimientos de sus depósitos bancarios a plazo.
En la primera semana de abril se retiraron de los bancos unos 1.500 millones de pesos (unos 526,3 millones de dólares), un 35 % más que el mismo período de febrero, según datos del Ministerio de Economía.
Esas estadísticas señalan que en los últimos 30 días salieron de los bancos 3.672 millones de pesos (unos 1.288,4 millones de dólares), de los cuales el 40 % correspondió a rescates de depósitos atrapados por el "corralito" financiero Eduardo Amadeo adujo que el gobierno desea atender "el bienestar general" en vista de que la retirada de dinero de los bancos resulta "insostenible" porque el sistema financiero "no tiene más fondos y no están entrando nuevos depósitos".
Pero el jurista Daniel Sabsay subrayó que la decisión del gobierno "no se sostiene desde el punto de vista constitucional" y significa "una grave interferencia del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado, como es el judicial".
"Esto es una interferencia muy grave, porque genera mucha más inquietud e inseguridad jurídica, que incluso, genera un enorme fastidio en la gente", puntualizó Sabsay a la emisora Radio La Red.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, aseguró que el decreto que prepara el gobierno "violenta todas las normas de la propiedad privada", porque "sigue avanzando sobre los derechos de los ciudadanos y eso es una aberración".
Por su parte, el presidente de la Asamblea del Colegio de Abogados, Pedro Kaselman, aconsejó a los ahorradores que demanden al Estado por la violación de sus derechos.
Los planes del gobierno "son absolutamente inconstitucionales, una intromisión en las decisiones de la justicia", puntualizó.
El "corralito" financiero, vigente desde comienzos de diciembre pasado, retiene depósitos a plazo por 46.401 millones de dólares y por 18.407 millones de pesos cuya devolución fue planeada en cuotas, con intereses menores a los pactados y plazos que llegan hasta 2005.
El gobierno aspira a que el 50 % de estos depósitos retenidos sea canjeado por bonos que ofrecerán a los ahorradores, quienes a diario protestan ante las oficinas bancarias para que se les devuelva su dinero.
Argentina pacta con el FMI el fin de la emisión de bonos de las provincias
æpermil;sta es una de las principales exigencias que ha puesto el FMI para reanudar la asistencia financiera a este país.
Después de reunirse con Anoop Singh, que encabeza la misión del FMI en Buenos Aires, el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, explicó que cada distrito que requiera financiación internacional para este año deberá firmar un acuerdo bilateral con el gobierno federal antes del 3 de mayo próximo.
Los bonos fueron emitidos para financiar el déficit público de las provincias, por un valor de unos 5.187 millones de pesos (1.852,5 millones de dólares), y la gente usa esos títulos como sucedáneo de moneda a causa de la escasez de dinero en efectivo.
Los técnicos del FMI, que se encuentran desde hace dos semanas en Buenos Aires, también demandan el cumplimiento de un pacto firmado en febrero pasado entre el gobierno federal y las provincias para reducir en un 60% el déficit de todo el sector público.
Este requisito quedó plasmado por una ley aprobada la semana pasada por el Parlamento y supone recortar gastos para este año, en su mayor parte provinciales, por unos 3.000 millones de pesos (1.071,4 millones de dólares).
Durante una rueda de prensa, Gabrielli calculó que el acuerdo entre Argentina y el FMI "estará firmado en mayo y hacia junio se terminaría con la emisión de nuevos bonos en las provincias".