Madrid y Valencia acaparan el 85% del crecimiento de la deuda autonómica
Las comunidades autónomas incrementaron su endeudamiento un 8,75% en 2001, hasta alcanzar un saldo vivo de 41.000 millones de euros. Madrid y Valencia fueron las regiones que acapararon el 85% de ese incremento.
El año 2001 se cerró con un exiguo incremento de la deuda pública, del 1,24%, hasta alcanzar un volumen global de 371.973 millones de euros (61,9 billones de pesetas). No todas las Administraciones tuvieron igual comportamiento. Mientras que la Administración central acabó el ejercicio con un ligero aumento, del 0,2%, la deuda de las corporaciones locales creció un 3,28%, y la de las comunidades autónomas, un 8,75%. Las comunidades acapararon 3.351 de los 4.564 millones de euros en que aumentó el endeudamiento público el pasado ejercicio.
El comportamiento tampoco fue homogéneo entre regiones. El 85% del crecimiento de la deuda autonómica se debió a sólo dos comunidades: Madrid y Comunidad Valenciana.
El Gobierno valenciano continuó en 2001 el comportamiento expansionista de años anteriores, con un incremento de la deuda en 643 millones de euros (el 10,94%), hasta 6.500 millones, una cantidad que representa el 15,6% de la deuda autonómica.
Por su parte, Madrid cerró 2001 con un fuerte crecimiento de su deuda (2.206 millones más, un 46,84%), hasta 6.916 millones de euros, saldo que la convierte en la tercera comunidad más endeudada, después de Cataluña y Andalucía, que han contenido la deuda. En el caso de Madrid, el año pasado fue un ejercicio singular, en el que hizo frente a una reestructuración de la deuda como consecuencia de la adopción del criterio contable SEC 95, homologado en toda la Unión Europea.
Este criterio obliga a que las inversiones realizadas por empresas públicas autonómicas, a través de un 'mandato' del Gobierno regional, sean computadas como déficit de la Administración autonómica.
De esta forma, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón acordó en noviembre pasado el traspaso contable del endeudamiento de esas empresas -entre ellas Arpegio, Arproma, Tres Cantos y Mintra- a endeudamiento directo del Ejecutivo regional.
Crédito extraordinario
En diciembre, el Gobierno regional aprobó un suplemento de crédito y un crédito extraordinario por 3,67 y 0,64 millones de euros, respectivamente, para financiar y ampliar capital de las referidas empresas regionales por parte de la propia comunidad autónoma. De igual forma, autorizó el incremento del límite de endeudamiento en 1.484 millones de euros.
Frente al comportamiento expansivo de comunidades como Madrid o Comunidad Valenciana, destaca la evolución de otras como el País Vasco, cuyo saldo vivo de la deuda se redujo un 28,3% en 2001. Este descenso se explica en parte porque Euskadi contaba con un presupuesto prorrogado para el año 2001, lo que suele implicar una congelación de gastos pero no de ingresos. Este ha provocado posiblemente un superávit que ha permitido la reducción de la deuda de dicha comunidad, que en todo caso es un fenómeno observado en años anteriores.
Al margen de estas variaciones coyunturales, las comunidades autónomas se quejan de la escasa autonomía con que cuentan para hacer frente a sus gastos. De hecho, es la Administración central la que, en última instancia, les autoriza el volumen de endeudamiento. El Gobierno, por contra, arguye que con el nuevo modelo de financiación, acordado el pasado año, las comunidades han aumentado del 22% al 40% su participación en el conjunto del gasto público (incluida la sanidad) y tienen plena autonomía para gastar cuanto estimen oportuno siempre que detraigan los ingresos suficientes para ello.
Algunas comunidades, como Cataluña, han propuesto que se reequilibre la capacidad de endeudamiento en función del porcentaje de gasto que representan sobre el total.
El consejero catalán de Economía, Francesc Homs, no ve lógico que el Estado, que concentra el 83,1% del endeudamiento público (309.000 de 371.000 millones de euros en 2001), no tenga límite para su deuda mientras que las comunidades 'están sometidas' a la discreción del Ejecutivo central.