Madrid gana la batalla a Cataluña por el cobro de los impuestos de Terra
La Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las comunidades autónomas falló ayer a favor de la Comunidad de Madrid, y en contra de la Generalitat de Cataluña, en la reclamación de los 33,2 millones de euros procedentes de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales devengados con motivo de la ampliación de capital de la entidad Terra Networks.
El conflicto entre ambas Administraciones comenzó cuando el 8 de junio de 2000 Terra Networks decidió aumentar su capital y trasladar su domicilio social desde Pozuelo de Alarcón (Madrid) a Barcelona, cambio que se materializó en agosto. El 27 de octubre de 2000 la entidad aumentó su capital en 681,8 millones de euros.
El fallo, al que tuvo acceso Europa Press, señala que tres días después Terra ingresó en la Generalitat de Cataluña 33,2 millones de euros en concepto de aumento de capital, lo que motivó que Madrid reclamase a la Administración tributaria de Cataluña la competencia para liquidar y recaudar este impuesto. Ante la falta de contestación por parte de la Administración catalana, Madrid planteó un conflicto de competencia ante la Junta Arbitral, organismo que ahora le da la razón. Las cuestiones planteadas y resueltas han sido la extemporaneidad en el planteamiento del conflicto por parte de Madrid, la regularidad del procedimiento y la titularidad de las competencias para la gestión y recaudación del impuesto sobre operaciones societarias, que grava la ampliación de Terra Networks.
El consejero de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, aseguró ayer que la resolución de la Junta Arbitral demuestra que el domicilio fiscal y la dirección económica y la gestión de la empresa permanecían en Madrid, 'por ello, lo único que ha hecho es cumplir con la legislación'. Además, Bravo expresó su confianza en que la resolución no genere un enfrentamiento entre Administraciones.
Por su parte, el consejero de Economía de la Generalitat, Francesc Homs, consideró ayer que la decisión de la Junta Arbitral, favorable a la Comunidad de Madrid, es 'inaceptable e inadmisible' y supone una agresión contra la Administración catalana.
Homs anunció que el Gobierno catalán presentará un voto particular ante el tribunal, así como un recurso contencioso-administrativo contra el fallo ante la Audiencia Nacional. El consejero planteó la necesidad de elaborar una lista con las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Madrid, pero ejercen su actividad fuera de esta región y advirtió que esta decisión puede abrir una guerra fiscal entre comunidades.