La CE obligará a reconocer los títulos profesionales entre países en tres meses
Médicos, odontólogos, contables, veterinarios, arquitectos, farmacéuticos o entrenadores deportivos podrán beneficiarse de la directiva presentada ayer por la Comisión Europea para liberalizar la prestación de servicios e incrementar la movilidad laboral en la UE. Bruselas quiere unificar la maraña de normas sobre el reconocimiento de títulos transfronterizos y obligar a que éste se lleve a cabo en un máximo de tres meses.
Un mes tendrán las autoridades competentes para acusar recibo de cualquier solicitud de reconocimiento de un título académico por parte de un ciudadano comunitario. Y sólo tres meses para adoptar una decisión razonada que, caso de ser negativa, podrá ser impugnada en los tribunales nacionales.
El texto presentado ayer debe ser ratificado por los 15 Gobiernos y el Parlamento Europeo. El Gobierno español se ha marcado como uno de sus objetivos de la presidencia de la UE este semestre la integración de los mercados laborales y de formación de los Quince.
'La libertad de movimiento de personal cualificado contribuirá al desarrollo de una economía basada en el conocimiento', indicó ayer el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, de cuyo departamento procede el proyecto de directiva. La nueva ley europea fija plazos estrictos para resolver los trámites administrativos de reconocimiento de títulos de estudios que precisen normalmente un mínimo de tres años académicos.
Cada Estado miembro deberá designar, además, un centro de contacto donde los trabajadores puedan recibir toda la información necesaria para resolver su solicitud. Los ciudadanos europeos establecidos laboralmente en un Estado miembro podrán prestar servicios de modo temporal u ocasional en el resto del territorio europeo. Si deciden trasladarse definitivamente a otro país, deberán solicitar el reconocimiento de sus avales académicos. En la actualidad ya existe esta posibilidad, pero, según la Comisión Europea, los trámites administrativos necesarios se encuentran regulados por una miríada de 15 textos legales elaborados durante los últimos cuarenta años.
La nueva directiva 'creará un marco legal único y coherente', afirma Bruselas. La movilidad laboral de las profesiones liberales es, de hecho, continuo objeto de recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, varios de ellos contra España.
La pasada semana, sin ir más lejos, el tribunal fallaba en contra de la norma italiana que impide disponer de instalaciones en Italia a los abogados establecidos en otro Estado miembro. Roma incluso obliga a los abogados a residir en el distrito judicial que corresponda al colegio oficial en el que estén colegiados.