Amenaza de sanción para 100.000 hectáreas de viñedo
Entre un 5% y un 10% del viñedo español (1,2 millones de hectáreas) está en situación irregular (sembrado antes de 1998 pero no declarado) o ilegal (plantado después de 1998), según datos de las organizaciones agrarias. Bruselas ha dado de plazo a España hasta el 31 de marzo para que normalice la situación del primer grupo y para que arranque las vides del segundo (aunque aquí el plazo es más amplio). El incumplimiento conlleva multas hasta de 3.000 euros por hectárea o la intervención sin ayudas de todo el vino generado en esos predios.
Los departamentos agrarios de las comunidades con producción vitícola andan revueltos porque les sopla en la nuca la fecha límite para regularizar el viñedo español impuesta por Bruselas como consecuencia de la reforma de la organización del mercado. El próximo 31 de marzo vence la última oportunidad que tendrán los vinicultores para regularizar sus explotaciones (plantadas antes de septiembre de 1998, pero sin declarar administrativamente). A partir de entonces, el vino producido por los predios no regulados será irremisiblemente destilado, pero sin ayudas. Esto es, será absorbido por un mercado libre donde difícilmente se podrán obtener más de ocho pesetas por litro, cantidad completamente ruinosa.
Sin embargo, peor lo tienen los agricultores que decidieron sembrar vides después de septiembre de 1998, fecha de cobertura de la nueva Organización Común del Mercado, porque tendrán que arrancar sus viñedos si no se quieren enfrentar a una multa de 3.000 euros anuales por hectárea. Sin embargo, este último grupo no tendrá que preocuparse de momento porque la normativa que contempla estas sanciones no estará dispuesta, probablemente, hasta finales de año.
No hay datos oficiales y los oficiosos muestran una escasa confluencia, pero los organismos implicados consideran que existen entre 60 y 120.000 hectáreas de viñedo irregular e ilegal. Contra los dos actuarán este año las comunidades, soberanas ya en esta materia.
Las dos más señeras (La Rioja y Castilla-La Mancha) lideran la preocupación por normalizar el sector 'porque es la única garantía de futuro de los vinicultores', cree Javier García, director de Producción Agraria de Castilla-La Mancha. Esta región recurrirá a su bolsa de derechos de plantación de viñedo para actualizar legislativamente las 2.000 hectáreas que han solicitado los viticultores de la región.
Pero a los profesionales no les salen las cuentas. Los interlocutores de este periódico (cooperativas manchegas y las opas regionales COAG y UPA) consideran que es mucho mayor que las susodichas 2.000 hectáreas las que han de ser regularizadas en la región. Ante el hecho de tener que gastarse 3.000 euros por hectárea, los agricultores prefieren seguir produciendo a pesar de la irregularidad porque no tienen miedo a las multas. Creen que no se aplicará la ley, dicen los representantes agrarios citados.
En La Rioja, el consejero de Agricultura, Javier Erro, ha anunciado el arranque de todo el viñedo ilegal y la destilación sin subvenciones del irregular. Además anuncia las penalizaciones que se deberán abonar en el momento de la regulación: 300 euros por hectárea sembrada entre 1971 y 1984 y 1.502 euros por la sembrada entre 1984 y 1998. En este último grupo, La Rioja exige además la posesión de derechos de plantación, para poder normalizar las viñas, correspondientes a 1,5 veces la superficie regularizable.
Por otra parte, el sector vinícola español ha mostrado su rechazo a la pretensión de la Comisión Europea de suprimir la tasa cero impositiva para el vino y gravar esta bebida, al igual que los demás alcoholes, con una tasa de hasta 13,92 euros por hectolitro para vinos de 12 grados a partir del 2003 e incrementar esta tarifa hasta los 15,01 euros a partir de 2007.
Los productores dicen que la cantidad propuesta sería una barbaridad, porque para algunos vinos, por ejemplo el blanco a granel, cuyo precio es ahora a 20 céntimos de euro el litro, este impuesto podría suponer hasta un 80% del coste final.