Duhalde se enfrenta a su propio partido para aprobar las reformas
La oposición de las principales provincias dificulta el cumplimiento de los recortes fiscales exigidos por el FMI
El actual sistema de coparticipación fiscal (sistema por el cual se reparten los impuestos recaudados por el Gobierno central a las provincias) está en el ojo de la tormenta del debate presupuestario argentino. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha exigido, como condición necesaria para lograr un acuerdo, el cambio del actual régimen por uno más flexible. La petición del organismo multilateral es lógica si tenemos en cuenta que las provincias han sido en gran parte responsables de la debacle fiscal por la que atraviesa Argentina.
El actual sistema fija en el presupuesto de cada año un suelo al reparto de los impuestos, independiente del nivel de recaudación efectivo. En el contexto recesivo que caracteriza a Argentina desde 1998, el Gobierno central debió endeudarse sistemáticamente para poder cumplir con las obligaciones contraídas con las provincias. De esta forma, el Gobierno federal debía absorber la diferencia entre lo recaudado y lo pactado con las provincias.
Como si fuera poco, algunas provincias, como la de Buenos Aires, gobernada justamente por el actual presidente de la nación, contrajeron deudas con el sistema financiero con el fin de financiar proyectos de carácter eminentemente populista, empeorando su situación presupuestaria actual.
En 2001, la caída de la recaudación y la imposibilidad de obtener financiación externa obligó al Gobierno federal a realizar esfuerzos mayores por cumplir con la coparticipación. Primero se debieron aplicar recortes a las pensiones y salarios y después tuvo que recurrir a la emisión de dinero en forma de bonos (Lecops). Los intentos por reducir el suelo de la coparticipación fueron infructuosos a pesar de que era claro de que el monto pactado inicialmente no se podía cumplir. Quizá irresponsablemente, la mayoría de las provincias, gobernadas por el partido justicialista, se opusieron a eliminar el suelo.
El hecho de que el presidente sea ahora del partido que gobierna las provincias más importantes y del que controla el Congreso no implica que este nuevo intento por lograr el cambio en el régimen de coparticipación sea exitoso. De hecho, el presidente Duhalde encuentra la oposición más acérrima en el interior de su propio partido, ya que tanto la Unión Cívica Radical como el Frepaso estarían de acuerdo con cambiar el esquema actual.
La presente estrategia de negociación del Gobierno es entregar otro tipo de concesiones a las provincias. Se encuentra bajo negociación la pesificación de la deuda provincial en manos del sistema financiero. Las provincias exigen una pesificación 1 a 1, lo que implicaría nuevas pérdidas para el sistema financiero, las que a su vez deberán ser absorbidas por el Gobierno central. Adicionalmente, las provincias piden una ampliación en la base de los impuestos coparticipables.
Ambas soluciones implican menor disponibilidad de recursos para el Gobierno federal en vez de un ajuste en el gasto de las provincias. De esta forma, sólo se maquillaría el problema, pero no se resolvería.
Como si fuera poco, el presupuesto para 2002 requiere de otros recortes a los que las provincias se oponen. De esta forma el Gobierno se enfrenta a un reto mayor para tratar de lograr de cumplir con las exigencias del FMI con el escaso margen de maniobra que le da la crítica situación social, económica y financiera que atraviesa el país. La experiencia pasada en Argentina es mala, puesto que muestra que muchas veces estas pugnas internas priman sobre lo más beneficioso para el país.