Competencia sobre ruedas
El sector del automóvil vive tiempos convulsos. El comisario de la Competencia, Mario Monti, defendió ayer en el Parlamento Europeo su proyecto para liberalizar la distribución de vehículos mientras en España se agudiza la polémica sobre su venta en centros comerciales. En el fondo del debate aparece la pervivencia de un sistema de distribución que vincula estrechamente al fabricante con el concesionario, un modelo cercano a la franquicia que Bruselas se ha propuesto alterar.
El proyecto de reglamento europeo, que está previsto que entre en vigor en octubre y que ayer fue contestado en bloque por los parlamentarios europeos, aunque por razones diversas, persigue forzar una mayor competencia dentro de la red de concesionarios ya existente antes que facilitar la entrada de nuevos agentes. Desaparecen las exclusivas territoriales, ya que cada concesionario podrá vender allí donde encuentre clientes, y las de empresa, puesto que se propician establecimientos que oferten distintas marcas de coches. El concesionario será menos dependiente de su fabricante, un extremo que no necesariamente agrada a los primeros.
La federación de concesionarios españoles Faconauto ha adoptado una actitud beligerante contra el reglamento, al igual que los fabricantes agrupados en la Anfac. Uno de los puntos más criticados es la posibilidad de subcontratar el servicio posventa, lo que abrirá la vía a los establecimientos especializados en vender coches sin necesidad de disponer de talleres propios.
El reglamento no da excesivas facilidades a los llamados canales alternativos de venta, como serían las grandes superficies o Internet, que sólo podrán operar como distribuidores si el fabricante está de acuerdo. Se trata, en todo caso, de un tímido avance sobre la normativa actual, que sólo deja al gran comercio un papel de intermediario entre cliente y concesionario. Aun con este modelo limitado, El Corte Inglés, a través de la sociedad Many Cars, y Alcampo, con la empresa Unoauto, ofrecen ya vehículos en algunos de sus centros. En marzo se sumará Eroski, y Carrefour, a medio plazo.
La airada reacción de las asociaciones de fabricantes y concesionarios revela temor a la competencia. No han acertado las dos organizaciones al aferrarse a las restricciones al libre mercado, pero no deben caer en saco roto otras de sus críticas, más fundamentadas, al proyecto. Como denuncia la industria, pretender una equiparación de precios antes de impuestos en la UE, cuando hay grandes diferencias en fiscalidad y poder adquisitivo, puede ser perjudicial para los consumidores, porque hará subir los precios, lo contrario de lo que se pretende. Está en juego una actividad que genera más del 6% del PIB y casi un 9% del empleo en España. A diferencia de los Gobiernos alemán y francés, que han tomado partido por sus fabricantes, el Ejecutivo español sigue sin pronunciarse sobre un proyecto que afecta a las fábricas de coches y a más de 9.500 concesionarios y agencias. Esa indefinición no sirve ni a los intereses de la industria ni a los de los consumidores.