El Constitucional deja en vigor la ley que limita el número de híper
El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de siete artículos de la Ley de Comercio aprobada por el Parlamento balear, lo que permite al Ejecutivo autonómico mantener la prohibición de construir nuevas grandes superficies comerciales en la isla.
El Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional 10 artículos de la ley, de los que ahora el alto tribunal ha levantado la suspensión de siete, hasta que dicte sentencia definitiva.
Los artículos que a partir de ahora estarán vigentes impiden la construcción de nuevas grandes superficies en la isla. En Palma, la superficie máxima que podrá autorizarse como actividad comercial es de 1.300 metros cuadrados.
Esta superficie disminuye de forma progresiva hasta los 250 metros cuadrados para los municipios de hasta 3.000 habitantes.
El auto del Constitucional desmonta la mayor parte de los argumentos aportados por el abogado del Estado para justificar la suspensión de la aplicación de la ley.
En tanto en cuanto no se redacte la sentencia definitiva, la apertura de comercios quedará limitada en Baleares a 72 horas semanales y el horario diario no podrá exceder de las 12 horas.
La ley balear considera que los domingos y días festivos no son hábiles para el ejercicio de la actividad comercial, pese a lo cual el Gobierno de Francesc Antich autorizará este año la apertura de cinco domingos o festivos. De esta prohibición quedan exentas las zonas turísticas.
Uno de los aspectos más novedosos que recoge la ley, y cuya suspensión queda levantada, es el artículo que prohíbe a las entidades financieras ofrecer obsequios o regalos en concepto de pago de intereses. Tampoco podrán financiar la adquisición de un bien o un producto que la misma entidad financiera pone a disposición del consumidor.
El vicepresidente del Gobierno balear y consejero de Comercio, Pere Sampol, aseguró que el Tribunal Constitucional 'defiende los intereses generales frente a los particulares'.
Sampol destacó el daño irreparable que supondría para el tejido comercial de las islas la instalación de nuevas grandes superficies comerciales en Baleares y afirmó que el Ejecutivo autonómico está particularmente satisfecho de ver 'cómo las trabas que pone el Gobierno no prosperan ante el Constitucional'.
El vicepresidente del Gobierno aseguró que la ley se pondrá en marcha en cuanto el auto del Constitucional se publique en el BOE y destacó que es la mejor garantía de que en las islas no se construirán los más de 20 proyectos de grandes superficies que hay latentes en estos momentos.
Gesto político
Pere Sampol dio la enhorabuena al sector comercial, si bien quiso dejar claro que no se trata de un asunto que afecte exclusivamente a los comerciantes, sino a todo el tejido económico de la comunidad. Sampol confió en que el Ejecutivo central 'reflexione' y retire el contencioso presentado contra la ley.
'Es un gesto político que todo el sector comercial le agradecería', afirmó. El vicepresidente y consejero de Comercio destacó que el Constitucional es rotundo a la hora de afirmar que la instalación de grandes superficies provocaría daños irreparables en el tejido comercial de Baleares, además de la construcción de grandes infraestructuras de acceso a las grandes superficies que tampoco se podrían reparar.
Críticas a las medidas liberalizadoras
El vicepresidente de Baleares se mostró ayer especialmente crítico con las medidas de liberalización del comercio que ha aprobado el Gobierno de José María Aznar durante esta legislatura. En su opinión, bajo la excusa de que son medidas que servirán para incentivar la actividad comercial, 'son políticas que sólo benefician a las grandes empresas'.
Pere Sampol puso como ejemplo de liberalización llevada al extremo por la Comunidad de Madrid, donde este afán ha provocado el cierre de unos 5.000 comercios a lo largo de los últimos tres años, con la correspondiente pérdida de puestos de trabajo y de puntos de atención al ciudadano.
Para el vicepresidente de Baleares, incentivar el pequeño o el gran comercio no es simplemente una cuestión económica, sino que supone además una cuestión ideológica que delimita la separación entre la sociedad individualista que fomentan las grandes superficies y la sociedad progresista y mediterránea del pequeño comercio.
Pere Sampol aseguró, asimismo, que incluso Francia, un país que ejemplifica el apoyo a las grandes superficies comerciales, ha dado un viraje en su política comercial con el fin de potenciar el apoyo a los pequeños comerciantes.