Zapatero reactiva la oposición con cinco recursos ante el Constitucional
Las amenazas del PSOE se hicieron ayer realidad. Sólo un día después de llegar a un acuerdo con IU para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Universidades, la dirección del partido anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley del déficit cero, el nuevo impuesto que grava los carburantes y la norma que obliga a las comunidades autónomas a asumir la sanidad para poder firmar el pacto de financiación autonómica.
El pasado 4 de febrero, Juan Carlos Rodríguez Ibarra firmó en la mesa de la comisión mixta el nuevo acuerdo de financiación con una disposición adicional que declaraba la 'plena constitucionalidad' del modelo y de todos los tributos que lo componen.
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, introdujo esta disposición para intentar neutralizar el recurso de inconstitucionalidad con el que había amenazado el PSOE y que ayer se hizo efectivo.
Sólo un día después de que el PSOE e Izquierda Unida decidieran sumar sus firmas para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Universidades, la dirección del Grupo Socialista anunció que presentará otros cinco recursos de inconstitucionalidad contra las últimas normas financieras aprobadas por la Administración central. Zapatero intenta así reactivar una oposición que algunos han criticado por ser demasiado complaciente con los desplantes del Gobierno.
Estos nuevos recursos, que también podrían contar con el apoyo de IU y otros grupos políticos, intentan confirmar la constitucionalidad del nuevo impuesto sobre los hidrocarburos, de las dos normas que dan cobertura legal a la estabilidad presupuestaria y de la obligación de asumir la sanidad para acogerse al nuevo sistema de financiación autonómica.
En opinión de los socialistas, y de la Generalitat de Cataluña, que también ha recurrido la medida, las dos leyes que pretenden garantizar el déficit cero invaden las competencias autonómicas.
Otro de los recursos se refiere a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2002, donde se recoge la creación de un nuevo impuesto sobre hidrocarburos.
Aunque algunas comunidades gobernadas por los socialistas -Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón- han firmado la aceptación formal de la norma para percibir la financiación, el PSOE insiste en su inconstitucionalidad alegando que la Ley de Acompañamiento no tiene rango adecuado para establecer la creación de un impuesto, sino que se requiere una ley tributaria específica.
El PSOE también recurrirá la ley de financiación autonómica por la enmienda que se introdujo en el Senado para condicionar el pacto financiero al traspaso de la sanidad. Aunque el Gobierno pactó la transferencia con todas las comunidades, los socialistas quieren llevar la norma al Constitucional por entender que se cuestiona la autonomía de las comunidades al obligarlas a asumir esa competencia.
El Ministerio de Hacienda reaccionó al anuncio del PSOE advirtiendo que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera, ha dejado en una posición muy difícil al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.
Un portavoz de Cristóbal Montoro aseguró que el portavoz socialista ha puesto en peligro el acuerdo de financiación autonómica con Andalucía, que está convocado para la próxima semana.
El secretario de política económica del PSOE, Jordi Sevilla, también hizo ayer declaraciones y aseguró que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 'hace el ridículo al intentar convertir a las CC AA en Tribunal Constitucional'.
Sevilla calificó de 'insólito' el que Montoro intente convertir a las comunidades autónomas en Tribunal Constitucional, obligándolas a pronunciarse sobre la constitucionalidad de una determinada norma.