Crisis argentina

Una comitiva del FMI se trasladará a Buenos Aires para estudiar el envío de ayuda financiera

Representantes de las instituciones financieras se trasladarán a Buenos Aires la próxima semana para estudiar el envío de ayuda financiera después de que el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, mantuviera conversaciones en Washington con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense.

Tanto el titular del FMI, Horst Koehler, cono Remes Lenicov dijeron estar satisfechos con el primer contacto luego de que en diciembre el organismo cortara el financiamiento al país. "Este fue un buen comienzo para una nueva relación y hubo una amplia coincidencia en cuanto al análisis de la situación económica y social" en Argentina, dijo Koehler en un comunicado.

"Nos vamos con una buena imagen de encontrarnos con gente que quiere colaborar con Argentina y estamos dispuestos a seguir haciendo todas las modificaciones necesarias para revertir esta crisis", respondió Remes Lenicov.

El ministro dijo que una misión del FMI podría viajar a Argentina a partir de la próxima semana para comenzar formalmente las negociaciones de un nuevo programa económico.

No obstante, señaló que Argentina aún necesita aclarar su posición sobre temas clave de la agenda como la reforma de impuestos, la reestructuración de sector bancario y el reparto de ingresos públicos con las provincias. Además, el gobierno envió una señal al FMI al vetar un artículo de la ley de quiebras que perjudicaba a los bancos y que había sido cuestionada por el organismo.

Cortocircuito

Previo a las declaraciones de buena voluntad, se generó un cortocircuito entre Buenos Aires y Washington respecto del monto de la ayuda financiera que Argentina debería recibir. El viceministro de Economía, Jorge Todesca, dijo a una radio local que el país necesitaría entre 22.000 y 23.000 millones de dólares, una cifra que, según los analistas, difícilmente pueda obtener.

"Normalmente estas crisis demandan alrededor de 12% del Producto (Interno Bruto), lo cual en nuestro caso es 22.000, 23.000 millones de dólares (unos 26.000 millones de euros) y en algunos casos se han requerido más", explicó Todesca en base a las cifras del PIB argentino a valores del 2001, previas a la devaluación del peso en enero.

La respuesta desde Washington no se hizo esperar. "Sin duda es prematuro hablar de montos. No hay ningún paquete sobre la mesa. No es algo que se está discutiendo en este momento", dijo el director de Relaciones Externas del FMI, Tom Dawson, en declaraciones a la prensa.

Argentina necesita la ayuda para equilibrar la economía luego de que el presidente interino peronista Eduardo Duhalde -que gobernará hasta diciembre del 2003- permitió que el peso se devaluara y puso fin a una década de cambio fijo durante la cual la economía argentina fue decayendo y registró récords históricos de desempleo y pobreza.

Con el peso ya devaluado en casi 50%, el gobierno busca ahora una salida a una crisis bancaria que lo obliga a mantener congelados la mayoría de los depósitos de los ahorristas, lo que incrementa la conflictividad social.

También necesita asistencia para reestructurar el sistema bancario y que los ahorradores recuperen al menos parte de sus depósitos y para comenzar a renegociar su deuda pública, de 141.000 millones de dólares, sobre la que declaró una cesación de pagos en diciembre.

Según varios analistas, sin señales de ayuda externa la crisis se puede volver insostenible para Duhalde, aún más en momentos en que la población está alerta por las primeras señales de un brote inflacionario tras la devaluación.

Por su lado, los ahorristas continuaban deshaciéndose de los dólares que lograron guardar antes de que se congelaran los depósitos bancarios en diciembre para hacer frente a sus cuentas, lo que permitió una leve apreciación del peso en las casas de cambio tras comenzar el lunes su libre flotación.

El miércoles la moneda local se mantuvo estable y cerró en 1,80/2,05 por dólar en casas de cambio y 1,95/1,98 para operaciones mayoristas.

Alerta roja

La calificadora de riesgo Fitch Ratings trazó un sombrío panorama del sistema bancario argentino en un informe en el que destacó que las entidades deberían absorber pérdidas por 50.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares).

Uno de los motivos es la decisión de Duhalde de "pesificar" los depósitos de los ahorradores en los bancos a un tipo de cambio mayor que el utilizado para hacer lo propio con los préstamos otorgados por las entidades.

"Los bancos están en problemas. Las pérdidas sólo por la pesificacion son de 16.000 millones (de dólares). Pero hay otras pérdidas potenciales", explicó a Reuters la analista de la calificadora Ana Gavuzzo.

Al 8 de febrero, los depósitos en los bancos eran de 39.485 millones de dólares y 28.645 millones de pesos.

Pero, lo que parecía sólo un dolor de cabeza para las autoridades en Buenos Aires está cruzando las fronteras. El Banco Central del Uruguay (BCU) intervino el miércoles un banco argentino por problemas de liquidez.

La medida afectó al Banco de Galicia Uruguay SA, la segunda entidad financiera privada del país, que comparten los accionistas que controlan el argentino Grupo Financiero Galicia. El GFG, a su vez, controla el banco privado más grande de Argentina, el Banco de Galicia y Buenos Aires .

"Se trata de una intervención por 60 días sin desplazamiento de autoridades", dijo la directora del BCU, Rosario Medero, a una radio.

Según fuentes del Banco Galicia Uruguay, la entidad perdió en los últimos días 300 millones de dólares en depósitos, de la cifra total de depósitos que tenía previamente, de casi 1.200 millones.

Números al rojo

El miércoles se difundió el déficit público del 2001, que superó los 9.000 millones de pesos (hasta diciembre un peso equivalía a un dólar). Esa cifra superó en 2.500 millones de pesos la meta pactada con el FMI.

Para intentar reducir el rojo fiscal este año el gobierno anunció finalmente que aplicará un impuesto del 20% a las exportaciones de hidrocarburos, un sector que gozará de una "superrenta" tras la devaluación, dado que cobrará en dólares pero gran parte de sus costos son en pesos.

"El derecho de exportación a los hidrocarburos se aplicará en forma inmediata. El destino es que forme parte del presupuesto para financiar gasto público", dijo el jefe de gabinete, Jorge Capitanich.