El Gobierno amplía a seis meses la tutela de gestión de la sanidad transferida
La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, desveló ayer en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que varias comunidades autónomas han solicitado a su departamento que amplíe tres meses más el plazo de tutela de gestión que el Insalud mantiene desde que el 1 de enero se traspasó la sanidad. Inicialmente, la tutela debía concluir a finales de marzo.
Villalobos no explicó por qué algunos territorios han pedido tiempo para asumir esta nueva competencia, pero aseguró que Insalud funcionará los meses que haga falta para garantizar el buen funcionamiento de la prestación. El Gobierno de Murcia fue el único que decidió asumir plenamente la gestión el pasado 1 de enero.
La ministra compareció en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas maestras de la futura Ley de Coordinación y del nuevo Estatuto Marco del Personal, que, entre otras cosas, ampliará las fórmulas de contratación de los trabajadores.
Todos los grupos parlamentarios aprovecharon su presencia en la Sala de Columnas para criticar el hecho de que a estas alturas no exista un anteproyecto de Ley de Coordinación. Villalobos no precisó por qué no ha dado su conformidad al texto que en su día redactó el secretario general de Planificación, Rubén Moreno, y que ha circulado en los mentideros sanitarios durante las últimas semanas, pero sí ratificó lo que ya se vislumbraba en aquel papel.
A saber: que el Gobierno no tiene intención de ceder al Consejo Interterritorial de Salud ninguna capacidad ejecutiva y que lo único que ofrece a los consejeros de Sanidad es un sillón en el consejo de administración de la nueva Agencia de Evaluación Sanitaria, donde también se sentará un representante de Sanidad y otro de Hacienda.
Sanidad insiste en que un Consejo Interterritorial con carácter ejecutivo es inoperante y que la agencia puede perfectamente cumplir la función de gestor y garante del SNS.
Los portavoces de los grupos parlamentarios no mostraron su disconformidad con este proyecto (tan sólo CiU dijo que temía que la agencia sustituyera al ministerio, algo que Villalobos descartó), pero exigieron sin excepción que el Consejo Interterritorial de Salud tenga capacidad ejecutiva para diseñar el nuevo catálogo de prestaciones y la política farmacéutica, materias ambas con fuerte incidencia en el capítulo del gasto. La ministra obvió el tema de la farmacia y se limitó a anunciar que regulará la posibilidad de que los territorios den prestaciones adicionales.