El Gobierno obliga a Coca-Cola a que desvele los contratos con sus clientes

Un dictamen elaborado por el Ministerio de Justicia a instancias del Servicio de Defensa de la Competencia obliga a Coca-Cola a que entregue de forma inmediata un informe interno.

El dictamen remitido por el abogado general del Estado, Arturo García Tizón, a Luis de Guindos, secretario general de Política Económica y de Defensa de la Competencia, concreta que Coca-Cola no puede argumentar un eventual secreto profesional entre ella y sus abogados para negar al Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) la documentación que le exige sobre las relaciones comerciales que la compañía y sus embotelladores tienen establecidas con sus clientes.

En concreto, según el dictamen elaborado por el Ministerio de Justicia, no puede acogerse al secreto de la relación abogado- cliente debido a que su origen es una petición formal de Coca-Cola Europa a los embotelladores de la empresa en España para documentar la defensa legal de la multinacional en el proceso que Bruselas sigue contra la compañía de bebidas refrescantes por una presunta posición de abuso de posición dominante.

Justicia desmonta esa apelación al secreto de Coca-Cola con el argumento de que los embotelladores no son parte de la estructura de la multinacional en España, tal y como la empresa ha argumentado en su proceso de defensa ante el Servicio de Defensa de la Competencia. Y dictamina que Coca-Cola 'está obligada a proporcionar al Servicio de Defensa de la Competencia la información que le fue requerida sin que dicha sociedad pueda invocar válidamente la confidencialidad de esa información por razón del secreto profesional de la correspondencia intercambiada entre los abogados y las empresas'.

Coca-Cola declinó ayer hacer cualquier comentario al respecto, expresando su extremo respeto por el trabajo del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Registro

Según fuentes cercanas al proceso, el instructor del caso en el SDC tienen conocimiento de la existencia de ese documento interno de Coca-Cola a raíz del registro que se realizó en la oficinas de la compañía en España y en algunos de sus embotelladores. En ese registro apareció una carta remitida por José Núñez Cervera, presidente de Coca-Cola Europa, a Víctor Urrutia, presidente de Casbega, uno de los mayores embotelladores de la compañía en España, en la que le pedía que su empresa rellenase un cuestionario 'en el que se reflejasen las prácticas comerciales reales en su mercado laboral y la contribución de las prácticas a la consecución de los objetivos de negocio de la embotelladora'.

El SDC remitió un requerimiento a cada uno de los embotelladores exigiendo el cuestionario aludido, pero sólo recibió negativas.

Esta tajante posición por parte de Coca-Cola y sus embotelladores, obligaron a que Luis de Guindos remitiera a Justicia una petición formal para que la Dirección del Servicio Jurídico del Estado elaborase un informe en el que se analizase desde un punto de vista estrictamente jurídico la pretensión de Coca-Cola de no entregar la documentación requerida.

Ese informe ratificando la posición inicial del SDC sirvió para que este organismo remitiera el pasado mes de diciembre a Coca-Cola un requerimiento formal para que facilitase al instructor del caso toda la documentación requerida en 10 días, advirtiendo que podría sancionarla con multas de entre 60,10 y 3.005 euros por cada día posterior a ese plazo que Coca-Cola y sus embotelladores retardasen la entrega.

Ante este ultimátum Coca-Cola optó por pedir amparo al Tribunal de Defensa de la Competencia para que fuera este organismo el que dictaminase sobre el conflicto que le enfrenta con el SDC, dependiente de Economía.

Esta petición de amparo protege de alguna forma a Coca-Cola, ya que evita que el plazo que le dio el SDC para que diese la documentación quede paralizado a la espera de que el Tribunal solvente el enfrentamiento.

Posteriormente, y una vez que el Servicio de la Competencia elabore un pliego de hechos probados, el expediente de la denuncia de Pepsi-Cola y Schweppes contra Coca-Cola por un presunto abuso de posición dominante en España, origen de todo este severo enfrentamiento jurídico entre Coca-Cola y Economía, pasará a ser analizado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, presidido por Gonzalo Solana, que tendrá a su vez un plazo de un año para instruir el caso, escuchar las alegaciones de todas las partes y dictar sentencia.

En este sentido, el Tribunal cuenta ya con un estudio que realizó en el año 1999 para determinar el mercado relevante en el que se mueve Coca-Cola en España con ocasión de la propuesta de absorción de Schweppes por parte de la multinacional estadounidense, operación de la que finalmente desistió en España.

Competencia rechaza el traslado del caso al Tribunal de la UE

 

 

 

 

El Tribunal de Defensa de la Competencia marcó ayer el que será el terreno de juego en el que tendrán que moverse las partes involucradas en la petición de amparo de Coca-Cola contra la pretensión del SDC para que facilite documentación que considera secreta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tribunal dio traslado a las partes del recurso que le ha remitido Coca-Cola y abrió el plazo para que todas las partes presenten alegaciones. Este plazo será inicialmente de 15 días.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo desestimó varias peticiones de Coca-Cola. Quizá la más importante es la que pretendía que, por tratarse de un caso de dimensión europea, se diese traslado del expediente en cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Fuentes cercanas a Coca-Cola precisaron ayer que lo que en realidad había pedido era que el tribunal español elevase consultas a las autoridades de la justicia europea para comprobar su competencia en un caso de dimensión europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente decidió levantar el secreto que el SDC había dictado sobre determinados documentos en los que se basaba el recurso de Coca-Cola y desestimó dos peticiones de la compañía presidida en España por Marcos de Quinto, en el sentido de llevar a cabo una vista oral previa en la que sus abogados pretendían explicar sus argumentos y proceder a una prueba testifical para que los asesores legales de la multinacional en Europa argumentasen la pretendida dimensión comunitaria del proceso que se sigue en España contra la multinacional de Atlanta. En definitiva, según fuentes próximas al caso, el tribunal ha desmontado la estrategia dilatoria en la que Coca-Cola pretendía encauzar el proceso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte fuentes oficiales del grupo Pepsi Cola declinaron hacer comentario alguno sobre las decisiones adoptadas ayer por el Tribunal de Defensa de la Competencia.