Autopistas gratuitas
Hace tiempo -años, quizá- que llegué a la conclusión de que Aznar cometió un error garrafal, que comprometía el éxito de la presidencia española de la UE, al nombrar vicepresidente del Gobierno a Álvarez-Cascos en lugar de ponerlo al frente de la Escuela Diplomática. Viene ello a cuento porque el actual ministro de Fomento, con la delicadeza que le caracteriza, se ha descolgado recientemente con unas descalificadoras declaraciones en respuesta a la petición unánime de rebaja de los peajes contenida en la reciente Declaración de Gelida emanada de los miembros de la plataforma antipeajes, el Gobierno catalán, los partidos catalanes -incluido el PPC, que, imagino, algún vínculo debe tener con el PP español- e, incluso, las concesionarias Aucat y Acesa.
Tras asegurar que no tenía nada que decir sobre ese acuerdo y que su departamento continuaba las negociaciones con las empresas para que absorbieran parte del aumento, Álvarez-Cascos añadió, no obstante y contradiciendo su propia introducción, algunas precisiones, probables avisos a navegantes. En primer lugar, dejó sentado que el aumento del IVA de los peajes es consecuencia inapelable de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo que es indiscutiblemente cierto, y lo remató con otra verdad incontrovertible: 'No hay nada gratis'; lo que vendría a ser una traducción castiza del clásico 'In public finance, there is not such a thing as a free lunch', de Richard A. Musgrave, lo que es, prácticamente, una tautología: a estas alturas, a nadie se le ocurre -salvo al demagogo de guardia- que las autopistas o cualquier otra infraestructura pudieran ser gratis, alguien deberá pagarlas y, como bien dijo el ministro, eso puede hacerse con impuestos -si son públicas y libres de peajes- o con los peajes que pagan sus usuarios, como es el caso de las concesiones en España.
Hasta aquí la exposición era inatacable, pero Álvarez-Cascos creyó necesario proseguir su docencia y allá le perdió el ramalazo de ex jabalí del PP opositor, pues engarzó los derrapajes. En efecto, pretendió una faena de aliño especificando que, mientras las autopistas libres se pagaban con impuestos, las de peaje se financiaban sólo por quienes las utilizan y que se trataba de gente distinta.
A punto estuvo de calificar de insolidarios a los que llevan décadas pagando peajes, pues llegó a decir que, si se suprimían los peajes, pagarían las nuevas infraestructuras 'quienes no las usen', flagrante injusticia que, a sus ojos, no debe darse en la actualidad en nuestro país.
El problema para la solidez del razonamiento del ministro de Fomento es que -como incluso Montoro le podría explicar- los que pagan los peajes no suelen ser extraterrestres; de hecho, ni siquiera todos son turistas o transportistas extranjeros, la mayoría de quienes pagan peajes en España también son contribuyentes españoles, con lo que algunos pagan dos veces: una cuando se les franquea la barrera del peaje y otra al pagar sus impuestos, de los que el IRPF es sólo una fracción. El afán descalificador perdió al señor ministro que, pretendiendo señalar con el dedo la insolidaridad catalana, ha puesto en evidencia precisamente la diferencia de trato y la contribución por partida doble a la financiación de las autopistas que aporta la mayoría de los catalanes.
Algo así como la famosa segunda taza de caldo ¡Hábil palmetazo en propia cara a las aspiraciones de catalanización del PPC y a sus conveniencias partidarias en próximas confrontaciones electorales! ¿O, quizá, es que Álvarez-Cascos ya da por perdida Cataluña y ha comenzado la tradicional escenificación amañada de los desencuentros PP-CiU tan rentable para ambas fuerzas políticas?
Nadie puede afirmar que el tema de la gratuitad o peaje de las autopistas sea una cuestión sencilla. Se puede legítima y económicamente estar a favor o en contra de los peajes. Cabe, en su caso, discutir de su importe, de su duración y de las posibles fórmulas de rescate. Me resulta difícil pensar que un observador objetivo de la situación y distribución geográfica de los peajes españoles pudiera aseverar que está ante un sistema justo y eficiente. Pero, por ello, se requiere seriedad, rigor y temple. Si algo no necesita este país, es que un ministro se dedique a soplar ciertas brasas en vez de hallar soluciones a lo que son auténticos problemas económico-sociales que, para colmo, hieren en un punto de alta sensibilidad a uno de los motores de la economía española.