Las comunidades amplían su poder de decisión sobre la obra social de las cajas
Los Gobiernos autónomos cada vez tienen más poder de decisión para determinar las inversiones de las cajas en obra social. Canarias quiere regular por decreto las prioridades de ejecución. Cataluña y Andalucía ya pueden, por ley, 'orientar' el destino de la obra social.
El Gobierno de Canarias acaba de unirse a las comunidades que, como Cataluña o Andalucía, quieren tener un control sobre las inversiones en obra social que las cajas realizan en los respectivos territorios. El Ejecutivo de Román Rodríguez prevé regular por decreto el destino de lo que dedican las cajas a fines sociales.
Canarias obligaría a las cajas de ahorros con actividad en las islas a invertir en el territorio parte de su presupuesto anual para obras benéficas y sociales, en función del volumen de negocio que generan en el archipiélago. Así lo determina un proyecto de decreto de la Consejería de Economía.
El decreto establece que las cajas tendrán que enviar al Gobierno de Canarias el presupuesto de sus obras benéficas y sociales a principios de año, en el que detallarán su distribución. Previamente, el Ejecutivo determinará las líneas de acción prioritarias e indicará las carencias y prioridades básicas entre las que las entidades podrán elegir para su inversión.
Las directrices se dividen en ocho áreas: docente, cultural, deportes, investigación, sanitaria, medioambiente, asistencial y social y desarrollo socio-económico.
El decreto prevé también que las dos cajas canarias realicen proyectos conjuntos de sus obras benéficas y sociales en el ámbito regional, para los que deberán destinar a partir de este año un mínimo de un 5%anual, que se ampliará al 15% en 2005.
En Cataluña, el artículo 4 de la Ley de Cajas concede al Ejecutivo autonómico la 'tarea de orientación en materia de obra social, señalando prioridades'. Bajo el amparo de esta norma, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, logró un pacto en diciembre con las cajas catalanas y éstas han aceptado financiar créditos para infraestructuras de carácter social y cultural por un importe de 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas).
En Andalucía, la Ley de Cajas también concede a la Junta la facultad de marcar las pautas de la obra social. Las medidas concretas se desarrollarán en un reglamento, aún en trámite. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ya criticó en su día el texto del reglamento y acusó al Gobierno de Manuel Chaves de un 'excesivo e injustificado intervencionismo'.
Las cajas están molestas por estas competencias que se atribuyen las autonomías y que rozan la injerencia. El director general de la CECA, Juan Ramón Quintás, ya alertó en Bruselas sobre la creciente presencia de representante públicos en las cajas. Y enfatizó que éstas 'no son un banco de desarrollo regional'.