El Gobierno desbloquea la futura ley que regulará los servicios de Internet

Un total de 66 observaciones por parte de empresas y organismos públicos, más de 20 borradores (sólo tres de ellos públicos) y el respaldo del Consejo de Estado y el Poder Judicial. El anteproyecto de ley que regulará el comercio electrónico en España iniciará su andadura parlamentaria cargado de equipaje. El Gobierno prevé aprobar hoy una normativa que ha levantado ampollas entre los internautas, pero que cuenta con el apoyo de abogados y expertos legales.

Ha sido una tormenta y, según algunos expertos, una tormenta sin precedentes. El anteproyecto de Ley de Servicios de la Información se ha convertido en el borrador legal más debatido públicamente de los últimos años. El texto, que ha contado con el encendido rechazo de las comunidades de internautas, se ha ido forjando a través de más de 20 borradores y ha contado con el respaldo del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, aunque uno de los magistrados de este último organismo, Alfons López Tena, ha formulado un voto particular en contra del texto.

'El anteproyecto tiene muchos aspectos mejorables, pero es importante y positivo porque regula por fin Internet, e Internet, pese a lo que algunos sectores opinen, tiene que regularse', explica Javier Cremades, director del bufete Cremades Calvo Sotelo. El texto que llegará hoy al Consejo de Ministros ha rebajado en cierta medida una pretensión que fue duramente rebatida por la comunidad de Internet, la posibilidad de que las autoridades administrativas pudiesen intervenir páginas en la Red por motivos de orden público y por la vulneración de principios como la no discriminación por raza, sexo o religión o la protección de la juventud y la infancia.

Así, el texto definitivo alude únicamente al término 'autoridad competente' a la hora de determinar qué institución puede intervenir una página, una expresión que remite a la legislación general y que, según fuentes de Ciencia y Tecnología, implica que será el juez el único facultado para clausurar las páginas. Algunos expertos legales, sin embargo, consideran que el texto deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones y que habrá que determinar en cada caso quién será la autoridad competente para intervenir los contenidos.

La futura ley regula, entre otros aspectos, la prestación de servicios a través de Internet y el régimen de responsabilidad de las empresas que desarrollen estos servicios, con la imposición de sanciones de hasta 600.000 euros (100 millones de pesetas) para aquellas entidades que vulneren la ley y se nieguen a acatar la orden de clausurar sus páginas. Amadeu Abril, abogado del Grupo de Derecho de Tecnologías de la Información de Cuatrecasas, considera que en este capítulo 'siguen existiendo dudas de interpretación respecto al régimen de responsabilidad de las empresas', aunque reconoce que el texto ha mejorado ostensiblemente respecto a la primera versión.

Otro de los aspectos que han sido objeto de debate es la regulación de la publicidad no solicitada, el denominado spam, que se regirá por el sistema de listas de inclusión. Así, los usuarios que deseen recibir publicidad deberán apuntarse en un listado específico mientras que el resto se verá liberado de la información comercial.

Una tramitación que se presenta larga y compleja

 

 

Si el proceso de gestación del anteproyecto ha sido largo y tortuoso, la tramitación parlamentaria no parece que vaya a quedarse atrás. Los expertos legales coinciden en que, pese a que el borrador ha ido mejorando, el debate parlamentario seguramente modificará mucho su contenido, ya que el texto no cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Creo que va a ser una ley que se va a enriquecer mucho con las aportaciones parlamentarias', señala Carlos Rodríguez Sau, abogado de Landwell. Rodríguez Sau, como otros especialistas, considera que la futura ley es 'excesivamente garantista' con los consumidores y demasiado gravosa en ciertos aspectos con las empresas, lo que puede afectar a la competitividad de las compañías españolas frente a las estadounidenses. 'Es un anteproyecto muy protector del consumidor', resume Javier Cremades.

 

 

 

 

 

 

 

'El texto ha recibido centenares de propuestas y la Administración ha sido muy flexible, demasiado flexible, y eso no siempre es positivo', señala.