El plan económico de Argentina reabre el debate fiscal
El programa del Gobierno agrada al FMI. Pero aún quedan escollos, sobre todo presupuestarios
La reciente pesificación de los créditos bancarios al tipo de cambio de un peso por dólar, junto con la pesificación de los depósitos a una paridad de 1,4 pesos por dólar generará unas pérdidas para el sistema financiero de más de 14.000 millones de dólares (16.000 millones de euros). El Gobierno señaló que, para asegurar la solvencia del sistema, entregará un bono compensatorio por la pérdida incurrida del que aún no se conocen mayores detalles.
Frente a la precaria situación fiscal argentina y la ausencia de canales de financiamiento, las esperanzas del sistema financiero se basan en lograr el apoyo masivo del FMI. Ante esta necesidad, las autoridades argentinas han comenzado a ceder a las exigencias del Fondo poco a poco. La solución al problema del sistema financiero era una de ellas y la pesificación avanza en esa dirección, aunque a un enorme coste para el fisco. La eliminación del tipo de cambio oficial de 1,4 pesos por dólar que regía para las operaciones de comercio exterior es otra de las peticiones del FMI que ha sido complacida.
La Ley de Quiebras recientemente aprobada por el Congreso tampoco era vista con buenos ojos, ya que beneficiaba en demasía a los deudores frente a los acreedores. Para evitar que esta ley entre en vigor, Duhalde piensa vetar los artículos más controvertidos. Pareciera entonces que Argentina reúne poco a poco las condiciones exigidas por el FMI para lograr el indispensable paquete de ayuda. Sin embargo, tras presentarse el Presupuesto 2002 el martes, todo hace indicar que aún queda un punto crucial por resolver.
Por un lado, la caída del PIB estimada en las cifras presentadas es de 4,9%, en circunstancias en que debiera ser de al menos un 8% para ser mínimamente creíble. Quizá más irreal es la previsión de tipo de cambio que se hace de 1,4 pesos por dólar para el promedio de 2002. Este supuesto es clave para la estimación del gasto en concepto de pago de intereses que se realizará, puesto que la deuda pública (la que se pagará sólo parcialmente) está casi en su totalidad denominada en dólares. Utilizando supuestos más razonables, el déficit fiscal de 2002 podría alcanzar los 10.000 millones de pesos (5.750 millones de euros).
Esta cifra estaría claramente fuera del rango aceptable por el FMI e implicaría que el Gobierno incurriría en una emisión monetaria excesiva (actualmente se proyecta emitir 3.000 millones de pesos), que desembocaría en una espiral inflacionista. Adicionalmente, el proyecto presentado no contempla ninguna medida de carácter estructural de las que el FMI estaría exigiendo para lograr un equilibrio presupuestario a partir de 2003. La reducción del gasto público en 2002 provendrá casi exclusivamente del ahorro en intereses por el no pago de la deuda pública y por la aplicación al total del año de las reducciones de sueldos y jubilaciones decididas por Cavallo el año pasado.
El FMI considera necesario reformular la estructura impositiva para permitir una mayor eficiencia en la recaudación. Además, estima indispensable modificar el esquema de reparto de los impuestos federales, totalmente inflexible ante caídas en la recaudación.
De esta forma, el Gobierno de Duhalde deberá emprender una nueva batalla con el FMI. Es de esperar que el organismo multilateral, que cuenta con los fondos indispensables para salvar al sistema financiero, termine imponiendo sus condiciones. Sin embargo, el proceso no está exento de riesgos debido al escaso margen de tiempo que existe para lograr un acuerdo.