Tres empresas exigen responsabilidades a la CNMV por Gescartera

Tres sociedades inmobiliarias han pedido responsabilidades patrimoniales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el papel que desempeñó en la supervisión de Gescartera, la agencia de valores de la que se han evaporado alrededor de 18.000 millones de pesetas. La propia CNMV ha abierto un expediente interno y ha solicitado por escrito al Congreso que le remita los testimonios certificados que prestaron ante la comisión de investigación algunos de los ex altos cargos que tuvieron relación con Gescartera, según confirmó ayer a este diario el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Antonio Cuevas.

Fuentes de la CNMV indicaron que se trata de un expediente interno y, por tanto, 'reservado'. En el escrito remitido a la presidencia del Congreso se solicitan las declaraciones que realizaron ante los diputados cinco personas: los ex miembros de la unidad de Supervisión Luis Peigneux, David Vives y Antonio Botella; el ex director de Inspección Jesús Ibarra y el ex director de Entidades Juan Carlos Basallote Ureba.

Las empresas que, de momento, han optado por mirar a la CNMV para reclamar responsabilidades patrimoniales por la estafa son las inmobiliarias Alvamar, Inversiones Ríos Rosas y Geseurosa. Al diputado socialista Antonio Cuevas le extraña la tardanza con la que las sociedades afectadas han puesto sus miras en las presuntas responsabilidades en que incurrió la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por otra parte, la juez que instruye el caso Gescartera, Teresa Palacios, ha condicionado la personación como acusación popular de la Asociación de Estudios Penales, vinculada al abogado Emilio Rodríguez Menéndez, a que preste una fianza de 60.000 euros (10 millones de pesetas).

Ayer prestaron declaración ante la juez el apoderado de Gescartera Francisco Javier Sierra de la Flor, que ya compareció como imputado el pasado mes de julio, así como tres empleados de la agencia de valores, estos últimos en calidad de testigos.