El Parlamento argentino abre el debate crucial para la ayuda internacional
El proyecto de Presupuesto 2002, de cuya austeridad depende la ayuda financiera que parecen dispuestos a conceder a Argentina los organismos internacionales de crédito, va a ser analizado a partir de hoy en el Parlamento con promesas de rápida aprobación.
Asimismo el temor a una considerable depreciación del peso está provocando un aumento de precios por parte de los comerciantes de hasta un 50%.
La sanción de una Ley de Presupuesto rigurosa es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el avance de las negociaciones, junto a la creación de un sistema de cambios con flotación controlada y que entrará en vigor el próximo viernes, cuando acabe la feria impuesta el pasado lunes.
El jefe del grupo de diputados del gobernante Partido Justicialista (PJ-peronista), Jorge Matzkin, ha señalado que espera que la cámara baja apruebe el plan en la primera quincena de febrero.
La propuesta fue puesta ayer en manos de la Cámara de Diputados por el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, quien mostró su esperanza de que Argentina quiebre en el segundo semestre del año un proceso de recesión de la economía que está a punto de cumplir cuatro años.
Sin embargo, el proyecto prevé una caída del 5% en el Producto Interior Bruto (PIB), pero al mismo tiempo calcula que el nivel de recaudación, mediante algunos cambios en el sistema tributario, se mantendrá en los niveles de 2001.
El déficit de las cuentas públicas fue proyectado en 3.000 millones de pesos, a pesar de que el país dejará de abonar fuertes sumas de dinero a cuenta de su deuda pública, después de haber declarado el cese de pagos en diciembre último.
Este es el tercer proyecto de Presupuesto 2002. El primero, de septiembre de 2001, preveía un crecimiento económico del 6% y el segundo, elaborado tres meses después, calculaba una subida del 1%.
El primer presupuesto después de la era de la convertibilidad, en la que un peso era igual a un dólar estadounidense, prevé una inflación del 15%.
En enero pasado, el Gobierno aplicó una devaluación de la moneda y creó un mercado oficial en el que el dólar cotizaba a 1,40 pesos. Ese esquema convivía con otro "libre" en el que la divisa estadounidense cerró el viernes pasado a dos pesos.
En lo que parece una contradicción, el Estado ofrece resignar un 19% de sus ingresos por impuestos a los bienes personales, que son cargas para los sectores más ricos de la sociedad, al mismo tiempo que quiere reducir el poder adquisitivo real de los salarios.
En el plan se propone aumentar los aportes de los trabajadores al sistema de seguridad social, lo que implicará una bajada de entre el 5% y el 6% en los ingresos al bolsillo para llevarlos hasta los niveles vigentes en noviembre pasado.
También se mantendrán las quitas del 13% para los salarios de los empleados del Estado, los ingresos de los jubilados y los fondos que el Estado Nacional envía a las provincias por la distribución de recursos federales.
Pese al declarado cese de pagos, están previstos los abonos de los servicios que genera la deuda exterior con algunos organismos de crédito y tenedores de bonos por unos 6.200 millones de pesos.
La iniciativa prevé, además, una partida de 1.400 millones de pesos para financiar diversos planes de asistencia social.