El incentivo de Montoro
Antonio Gutiérrez Vegara subraya la inquietud que ha suscitado la intención del ministro de Hacienda de dar un incentivo a parados que acepten una oferta. El gasto en desempleo, dice, no justifica un desequilibrio presupuestario
El ministro de Hacienda, señor Montoro, ha sugerido dar un 'incentivo' a los desempleados que acepten una oferta de trabajo, que no se computaría a efectos fiscales.
No añade más precisiones acerca de la medida en cuestión ni cómo se pretende implantar ni en qué medida afectaría al actual sistema de protección por desempleo. Por estas razones, la sugerencia ha suscitado la inquietud entre preceptores del seguro de paro y entre los sindicatos. Y, más aun, en una coyuntura en la que se prevé una fuerte disminución en el ritmo de creación de empleo.
Además, el ministro deja traslucir en su planteamiento la recurrente insinuación de que los parados prefieren mantenerse desocupados mientras cobran la prestación por desempleo hasta el punto de rechazar por ella posibles ofertas de empleo.
Sin embargo, los datos vuelven a desmentir las apreciaciones del señor ministro.
Tan sólo el 4,5% del total de beneficiarios del seguro contributivo llega a cobrarlo entre 22 y 24 meses (la máxima duración es de dos años) y, por el contrario, el 55% no supera los cuatro meses de percepción.
Incluso quienes tienen reconocido el derecho para un periodo superior a los 14 meses, tan sólo el 15% lo agota.
Es decir, el peso del número de beneficiarios sobre el total de perceptores va disminuyendo a medida que aumenta la duración de la prestación.
Existe un ligero crecimiento excepcional de las personas mayores de 50 años que han perdido su empleo por expedientes de crisis o por despidos individuales. Este colectivo tiende a agotar los subsidios por las muy escasas posibilidades que tienen de encontrar un nuevo trabajo.
Lamentablemente, las elevadas tasas registradas de temporalidad y de rotación laboral han determinado considerablemente que sean mayoría los beneficiarios con derecho a periodos muy cortos en la percepción del desempleo.
Y una vez más son las mujeres y los jóvenes los colectivos que más padecen esta situación. Así se explica que estén aumentando porcentualmente en mayor medida las mujeres que reciben prestaciones económicas, contributivas o asistenciales.
La razón es que los empleos logrados en la parte alcista del ciclo económico por las mujeres no fueron precisamente estables en su mayoría.
Tras ellas, son los jóvenes de entre 16 y 25 años quienes tiene un índice de cobertura más bajo.
Por otra parte, ya existen medidas legales que supeditan el cobro de las prestaciones por desempleo a que se acepten ofertas de trabajo y las de formación u orientación que dan los servicios públicos de empleo.
De todo ello se puede encontrar cumplida confirmación en los controles continuos que realiza el Instituto Nacional de Empleo, que, por cierto, arrojan un nivel ínfimo de fraude.
De ahí que la motivación de fondo para semejante propuesta del señor ministro haya que buscarla en otras latitudes de la evolución económica.
Apenas comenzado el año parece ya inalcanzable el objetivo prioritario de la política presupuestaria. El equilibrio de las cuentas públicas, y menos aun el superávit, no está en peligro por el gasto en desempleo, sino por la política fiscal del Gobierno, que renunció a 800.000 millones de ingresos con la reforma del IRPF y sigue abundando en la misma línea de reducción de impuestos directos.
La cobertura por desempleo sólo alcanza al 55% de los parados, mientras que el 45% restante no tienen prestación alguna, incluidas unas 300.000 personas que permanecen en el paro de larga duración, aunque el sistema registre un superávit de medio billón de pesetas.
Si ha de acometerse una reforma del sistema de protección por desempleo, es de justicia elemental empezar por remediar estas situaciones límite con los recursos sobrantes de las cotizaciones.