Bruselas propone destinar un 13,5% del Presupuesto a los nuevos socios del Este

Bruselas ha rematado el encaje presupuestario preciso para admitir en 2004 a 10 nuevos miembros en la Unión Europea en lugar de los seis previstos inicialmente. La Comisión propone invertir 40.160 millones de euros, un 13,5% del Presupuesto total, a financiar la ampliación, en una propuesta que aprobará formalmente mañana. Además afirma que basta un ajuste de 7.877 millones de euros en el reparto del Presupuesto, pero sin alterar la suma total pactada hace tres años. Una alquimia contable que puede complicar aún más la presidencia española de la UE, a la que corresponde negociar este semestre la recta final para la ampliación.

El documento viene avalado nada menos que por cinco comisarios europeos. Los alemanes Günter Verheugen y Michaele Schreyer, responsables de Ampliación y Presupuesto, encabezan una propuesta rubricada también por Franz Fischler, Michel Barnier y Anna Diamantopoulou, titulares, respectivamente, de Agricultura, Política Regional y Empleo.

La Comisión asegura que diseñará la posición negociadora de la UE en agricultura, política regional y presupuesto 'en base a las orientaciones contenidas en este documento' que se aprueba mañana.

Pero el texto promete herir sensibilidades a uno y otro lado de la mesa de negociación, pues sacude tabúes como el pago de subsidios directos a los agricultores del Este (rechazado por algunos miembros actuales) o la incorporación gradual de los nuevos miembros a las ayudas financieras (que los candidatos consideran una discriminación).

El documento asume, de entrada, que la UE contará en 2004 con 10 nuevos miembros, a pesar de que la posición oficial de los primeros ministros sólo ha incorporado tácitamente este extremo.

En la última cumbre europea, en diciembre pasado, los Quince nombraron, por primera vez, los países más avanzados en la negociación. Pero España, que ocupa la presidencia de la UE este semestre, aún defiende una evaluación individualizada de cada país y se resiste a aceptar el ingreso inevitable de 10 países, posición que parece compartir con Francia.

Pero el comisario Verheugen, en lo que delata una clara sintonía con Berlín, hace ya meses que sólo contempla un escenario de 10 nuevos miembros, dejando atrás, nada más, a Bulgaria y Rumania.

La entrada en una misma avalancha de Polonia, Hungría, Chequia, Estonia, Eslovenia, Chipre, Eslovaquia, Lituania, Letonia y Malta obligará, reconoce la Comisión, 'a ajustar el Presupuesto previsto' en la cumbre de Berlín (1999). Las partidas pactadas entonces sólo preveían la incorporación de los seis primeros países mencionados anteriormente (con un Presupuesto de 35.232 millones de euros).

En el caso de Chipre, ni siquiera se tomó en cuenta el posible ingreso de la isla unificada, una hipótesis cada vez más cercana tras las recientes negociaciones entre el sur griego y el norte turco. El nuevo Presupuesto asigna más de 206 millones de euros para el norte de la isla, una de las regiones más pobres de los países candidatos. Es uno de los ajustes menores, junto a las ayudas para el cierre de centrales nucleares en Eslovaquia (60 millones de euros en tres años) y en Lituania (245 millones de euros).

Retoques

El resto de la cirugía presupuestaria incluye incrementos de casi 2.000 millones de euros en el capítulo agrícola y casi 5.000 millones en la política regional. La Comisión juega con el hecho de que Berlín previó las primeras incorporaciones en 2002. Aunque Bruselas admite que las partida de ese año (4.221 millones de euros) y de 2003 (6.842 millones) no pueden transferirse a los siguientes ejercicios, asume que la capacidad de absorción de los candidatos en los primeros años también permite reducir el Presupuesto de 2004 a 2006. Su apuesta contable deberá convencer a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que escrutarán el documento el próximo día 8 en el consejo que se celebrará en Cáceres.

La Comisión sigue fijando los fondos estructurales y de cohesión que cada país puede recibir en el 4% de su PIB, un límite que tampoco concitará grandes apoyos entre los candidatos. No en vano, permite ya prever que los nuevos miembros recibirán todavía 137 euros per cápita en 2006 frente a los 231 euros de media que absorben ahora los cuatro países en proceso de convergencia (España, Portugal, Italia e Irlanda).

El comisario Barnier ha intentado con estas cifras calmar a España e Italia, asegurando que los números cuadrarán sin necesidad de que las regiones del sur de Europa dejen de recibir subsidios. En el caso español, el llamado efecto estadístico (el descenso de la media de la renta per cápita comunitaria tras la ampliación) sólo perjudicará a Asturias y Castilla y León. El nuevo proyecto presupuestario también contempla ayudas para mejorar el entramado administrativo en los antiguos países comunistas. Bruselas propone añadir 380 millones de euros a este capítulo durante los tres primeros años.

En total, la factura de la ampliación ascenderá hasta 2006 a 40.160 millones de euros, una cifra que la Comisión considera totalmente en línea con lo pactado en Berlín.

Pero el conjunto de la negociación puede reabrir no sólo el complicado acuerdo de 1999, sino también una batalla política sobre el carácter inevitable de la ampliación. La Comisión Europea, que preside Romano Prodi, ha convertido el proceso en su objetivo primordial. Pero fuentes diplomáticas lamentan que Prodi fijara el calendario de negociación de manera unilateral, dejándole a España, por ejemplo, los capítulos más sensibles. Ahora Bruselas intenta también presentar las cuentas como un hecho consumado.

Los agricultores recibirán el 35% de las ayudas hasta 2006

 

 

Todos los aspirantes al ingreso en la Unión Europea han solicitado la concesión de pagos directos a sus agricultores, asegura la Comisión Europea. Mañana, Bruselas intentará atender esta demanda proponiendo esos subsidios a pesar de que el marco presupuestario pactado hace tres años no los preveía. Pero su gentileza puede, de todos modos, desatar una airada reacción en Europa del Este, pues la Comisión desea limitar al 25% de las ayudas que reciban los agricultores de los Quince en 2004. Un año después se incrementaría hasta el 30% y en 2006 pasaría hasta el 35%. Sólo en 2013 la política agrícola común (PAC) se aplicaría totalmente en Europa Central y del Este. Y ello siempre supeditado, según reconoce el documento de trabajo que aprobará mañana la Comisión, a los cambios que puedan introducirse en esa política común. La Organización Mundial de Comercio puede exigir, tras los acuerdos de Doha, una reforma total de la PAC. No pocos Estados miembros (Alemania y Holanda, los más declarados) cuentan los días para proceder a una reforma que puede acabar con la renacionalización de los subsidios, de modo que cada Estado asuma su parte.

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes diplomáticas ya aseguran que sólo aceptarán la concesión gradual de subsidios a los nuevos candidatos a condición de que los actuales miembros también pacten una retirada gradual de las ayudas que reciben.

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, la inclusión prematura de los agricultores del Este en los programas de ayuda puede acelerar, según ciertos observadores, el desmantelamiento de toda la PAC. Según estas fuentes, el incremento en el número de beneficiarios desde 2004 demostrará la inviabilidad de mantener esta política agrícola. Los Quince deben revisar el año que viene la PAC, pero el ejercicio puede comenzar este mismo otoño. La negociación para la ampliación servirá de piedra de toque.