Andersen sabía desde febrero de 2001 que había irregularidades en Enron
La agenda del caso Enron se completa día a día. Las investigaciones del Congreso y la carta que la vicepresidenta de desarrollo de la compañía energética, Sherron Watkins, envió al presidente Keneth Lay, son hasta ahora las mayores fuentes de información. Por ellas se ha conocido que la auditora de la compañía contempló la posibilidad de sacar a Enron de su cartera de clientes en febrero. Ayer se supo además que la eléctrica ha defraudado a Hacienda en los últimos cuatro años.
El pasado 6 de febrero los ejecutivos de la auditora Andersen debatieron la posibilidad de dejar de prestar sus servicios a la empresa tejana de energía Enron, ahora en suspensión de pagos. Según el acta de esa reunión, los responsables de la auditora discutieron el alcance de las operaciones fuera de balance de Enron y en especial de las relaciones que la compañía tenía con una de sus filiales, LJM.
Además de las transacciones incontrolables que se hacían a través de esta filial, desde la firma se hizo mención al posible conflicto de intereses en que podía incurrir el vicepresidente de finanzas, Andrew Fastow, que creaba estas compañías e invertía en ellas.
Todas estas consideraciones y dudas no llevaron a Andersen a renunciar a una cuenta de 56 millones de dólares anuales (62,72 millones de euros) en concepto de auditoría y consultoría. Según la firma, estas deliberaciones son rutinarias.
LJM y otras empresas semejantes eran clave para la recolocación de las deudas de Enron que quedaban fuera de balance y por lo tanto eran desconocidas para la SEC (el órgano regulador de la Bolsa) y los inversores.
Andersen está bajo la lupa de los investigadores. La firma destruyó documentos relativos a la auditoría de Enron en un periodo en el que la SEC ya había abierto una investigación. Ayer, David Duncan, el ejecutivo de Andersen despedido por dar la orden de acabar con estos documentos, compareció ante el comité del Congreso que investiga el colapso de la eléctrica. Lo único que ha trascendido de esta comparecencia es que Duncan alega en su defensa que actuó siguiendo órdenes.
La otra línea de investigación es la que se sigue a partir de la carta de siete folios enviada por la vicepresidenta de desarrollo de Enron (y antigua empleada de Andersen), Sherron Watkins, en agosto. En este documento, Watkins hace partícipe a Lay de sus preocupaciones por la poco ortodoxa contabilidad de la empresa.
La propia Watkins llamó a un antiguo colega de Andersen el 20 de agosto para hacerle llegar su preocupación. Al día siguiente, los socios de Andersen se reunieron con sus abogados para decidir qué hacer. En esa reunión estuvo Duncan, al que se acusa de ordenar la destrucción de documentos en octubre.
También ayer se conoció a través del rotativo New York Times que la empresa utilizó sus 900 empresas filiales en el extranjero para evitar pagar impuestos. Entre los años 1996 y 2000, la empresa de Lay no pagó impuestos y, sin embargo, recibió ayudas fiscales de la Administración.
A pesar de los esfuerzos de Andersen, la imagen de la auditora se está resintiendo seriamente y su papel en el colapso de Enron ha llamado la atención sobre el control de los controladores.
La primera consecuencia serán las nuevas normas que la SEC tiene previsto imponer a los auditores. Un nuevo supervisor con amplios poderes se prepara para atar en corto a los profesionales, según fue anunciado ayer por el presidente del organismo regulador de la Bolsa estadounidense Harvey Pitt.
Por otro lado, ayer se supo también que el ex presidente de Enron se deshizo de varias propiedades inmobiliarias poco antes de la quiebra.