El tribunal que liberó al Negro decide juzgar la operación Temple
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional acordó ayer no suspender el juicio por la operación Temple contra el narcotráfico en el que debía haber sido juzgado, junto a los 37 acusados, Carlos Ruiz, alias el Negro, que se fugó después de que el tribunal le concediera la libertad con fianza. Cinco abogados solicitaron la suspensión del juicio hasta que el Supremo se pronuncie sobre la admisión de la querella presentada contra los magistrados. Otros 14 abogados y el fiscal se opusieron a la suspensión.
El tribunal, al igual que la fiscal encargada del caso, no apreció "causa legal" para que el juicio contra 37 presuntos narcotraficantes detenidos en la operación Temple fuera suspendido. Cinco abogados de la defensa solicitaron en la primera sesión de la vista oral su suspensión o la abstención de los tres magistrados hasta conocer el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la admisión a trámite de la querella presentada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, contra los magistrados del tribunal por un presunto delito de prevaricación (dolosa). La querella responsabiliza a los tres jueces, Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega, de la fuga del presunto narcotraficante Carlos Ruiz, a quien concedieron la libertad el pasado 21 de diciembre con una fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas). Carlos Ruiz aprovechó entonces para huir.
A la propuesta de suspensión se opusieron los otros 14 abogados de la defensa, así como la fiscal Dolores Delgado. El tribunal, tras media hora de deliberación, acordó seguir celebrando el juicio (se reanuda hoy). La Sala comenzó argumentando que no existe "causa legal" para la suspensión, a la vista de lo que se dispone en el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y añadió que el tribunal está "legalmente constituido y cualquier duda de imparcialidad o serenidad" en el ánimo del tribunal debía haberse planteado a través de la recusación, posibilidad que, según la Sala, las partes han rechazado "implícitamente". También alegó que buena parte de los defensores invocó el derecho de los acusados a tener un proceso sin dilaciones indebidas. Pero que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional continúe juzgando la operación Temple hasta el final depende de otros factores que se irán viendo en estas próximas semanas.
Depende del Supremo
Una Sala compuesta por cinco magistrados del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo (ponente), Luis Román Puerta (presidente de la Sala Segunda), Joaquín Delgado, Perfecto Andrés y José Ramón Soriano, decidirá esta semana si admite a trámite la querella de Cardenal.
En el caso de que la admitan, también deben acordar qué tipo de procedimiento abren, el abreviado o el ordinario. En el caso de que opten por el abreviado, la ley es bastante ambigua en cuanto a cuándo debe ser suspendido un magistrado querellado. Sólo se especifica que la suspensión se debe dar cuando el procedimiento se dirija contra el acusado. Esto puede interpretarse que el momento es cuando haya indicios de delito o simplemente con la admisión a trámite de la querella.
En el caso de que se escoja el procedimiento ordinario, la ley dispone que los jueces serán suspendidos cuando se dicte el auto de procesamiento (este fue el caso del ex juez Javier Gómez de Liaño). En cualquier caso, el Supremo dará cuenta de su decisión al Consejo General del Poder Judicial, que decidirá sobre la suspensión de los magistrados en el caso de que se admita la querella. Según algunas fuentes, no hay unanimidad entres los vocales sobre cuándo los jueces deberían ser separados de sus funciones.
En este proceso se juzga el tráfico de 52.000 kilos de droga. La fiscal solicita para los 38 acusados penas que van desde los 14 a los 60 años de cárcel que pide para Carlos Ruiz Santamaría, el Negro. También pide multas millonarias para todos ellos.