Guasch exige a Ebro Puleva 90 millones al año de por vida

El ex presidente de Azucarera Ebro Agrícolas Manuel Guasch demandó en el mes de mayo ante un juzgado de lo social a Ebro Puleva, después de que su consejo de administración optara por no abonarle las cantidades que, según el demandante, había pactado tras su salida. Concretamente, 90 millones de pesetas brutas anuales con carácter vitalicio, que obligaba a la compañía a realizar una provisión de 1.800 millones. La sentencia, que ha sido recurrida por Guasch, da la razón a Ebro, por entender que no es un conflicto laboral, sino de directivos, por lo que tendría que optar por la vía civil.

Un nuevo problema se une a la ya larga historia de conflictos, tanto accionariales, como de máximos directivos, que sufre en los últimos años la actual Ebro Puleva.

Manuel Guasch, el que fuera presidente de Ebro Agrícolas y después copresidente del grupo resultante de la fusión con Azucarera, presentó el pasado 14 de mayo una demanda ante el Juzgado de lo Social número 28 de Madrid para reclamar que la compañía, que hoy preside José Manuel Fernández Norniella, le abone las cantidades mensuales que en términos de indemnización pactó, según él, a su salida de la empresa.

Manuel Guasch, que ha declinado hacer cualquier comentario sobre la demanda, salió de la compañía hace tres años y desde entonces cobraba anualmente un 75% del salario bruto anual que percibía como presidente de la sociedad. Merced a este acuerdo, recibía en torno a 90 millones de pesetas brutos al año.

Este compromiso de la compañía para con su antiguo primer ejecutivo se extendía hasta la llegada de su edad de jubilación, momento en el que la empresa se comprometía a complementar, hasta esa cantidad, la pensión de jubilación que le correspondiera recibir de la Seguridad Social.

Fuentes oficiales de Ebro Puleva reconocen que, efectivamente, Guasch presentó una demanda de despido en mayo, después de que recibiera un telegrama de Fernández Norniella, fechado el 30 de marzo, en el que le comunicaba que la compañía no iba a seguir pagándole tan "onerosa" cantidad que venía cobrando desde que se marchó en 1999. Esta decisión había sido adoptada por el consejo de administración de la compañía.

Sentencia en contra

Sin embargo, el abogado de Ebro Puleva, Miguel Ángel Pérez, añade que "existe ya una sentencia del 14 de septiembre contraria a la demanda de Guasch". Según sus palabras, "en ésta el ex directivo argumentaba que, además de presidente, mantenía un contrato laboral con la empresa y, además, que despues de abandonarla siguió prestando sus servicios a Ebro Puleva".

Sin embargo, asegura, "el juez entiende que no podía ser presidente y contratado laboral al mismo tiempo y que después de su marcha no ha mantenido relación laboral". Por lo tanto, al tratarse de una reclamación de indemnización de un directivo, el asunto debe resolverse en otro orden judicial, por la vía civil.

Con todo, Manuel Guasch, según fuentes de Ebro, interpuso un recurso de súplica ante el Tribunal Su-perior de Justicia de Madrid, que posteriormente ha sido impugnado por la propia Ebro Puleva. "En estos momentos estamos a la espera de que se resuelva el recurso y a nosotros no nos consta que Guasch haya recurrido a la vía civil, pues no tendría sentido en tanto no haya una sentencia en firme".

Algunos medios aseguran que la forma de pago de su indemnización fue aprobada por el consejo de administración, pero que el compromiso no fue expresado formalmente por escrito. "El acuerdo fue más bien un pacto de caballeros", señalan. "Un pacto", continúan, "que se cumplió durante toda la presidencia de Vicente de la Calle, a pesar de que no les unía precisamente una estrecha amistad y que ahora se ha roto bajo la presidencia de Fernández Norniella".

Sin embargo, desde la compañía la versión es otra. "Fue un pacto que sellaron en 1999 Manuel Guasch y el entonces consejero de la compañía Vicente de la Calle, el mismo al que después Guasch propuso para ocupar la presidencia", apuntan. Además aclaran que "el consejo tiene constancia de que algo se ha negociado, pero no lo ratificó nunca".

Según ciertas versiones, un acuerdo similar fue aprobado por el consejo de administración para el que fue copresidente de Azucarera Ebro Agrícola con Manuel Guasch, José Joaquín Ysasi Ysasmendi, y para Vicente de la Calle, a quien sustituyó después en la presidencia Fernández Norniella. Am-bos siguen cobrando, según esta versión, su indemnización. Sin embargo, Miguel Ángel Pérez asegura que "De la Calle no está cobrando nada, y en el caso de Ysasi Ysasmendi, la situación es distinta, porque tenía un plan de pensiones externalizado".

La exigencia de Guasch se considera desmesurada y obligaría al grupo a realizar una provisión de 1.800 millones de pesetas. El presidente de Ebro Puleva considera que "lo razonable es que hubiese reclamado tres años de sueldo, o como máximo, cinco".

El 'caso KIO'

Otras fuentes consultadas creen que la decisión de no seguir pagando a Guasch no tiene nada que ver con el conflicto que el Gobierno, a través de la SEPI, mantiene con el grupo kuwaití KIO al negarse a cumplir el acuerdo que la sociedad pública Alimentos y Aceites (Alycesa) firmó en 1997 con KIO para recomprar sus acciones en la empresa a un precio de 3.000 pesetas, más un 10% anual de revalorización.

Sin embargo, otros medios próximos a la sociedad estatal consideran muy sospechoso que ambas decisiones coincidan en el tiempo. "Los responsables políticos de Ebro Puleva", aseguran estas fuentes, "saben perfectamente que el acuerdo firmado por Loyola de Palacio con los kuwaitíes no tiene ningún sentido empresarial y financiero y están buscando culpables externos al acuerdo que lo justifiquen".

La SEPI se niega a cumplir lo pactado con KIO alegando pasivos financieros no revelados en el momento en que Alycesa firmó con KIO. La generación de esos pasivos financieros está siendo investigada por la Audiencia Nacional, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción basada en un informe de la Agencia Tributaria en los tiempos en que Ignacio Ruiz-Jarabo, hoy presidente de la SEPI, era su máximo responsable.

 

Un ejemplo de falta de transparencia de las sociedades cotizadas

Es un ejemplo más de lo mucho que queda por hacer en España en relación con la transparencia de las compañías cotizadas. Las sociedades que cotizan en Bolsa no están obligadas a comunicar a sus accionistas minoritarios, sin acceso a la información de que dispone el consejo de administración, los acuerdos a los que llega con sus altos directivos en materia de blindaje de contrato o indemnización por despido.

Sucedió lo mismo hace sólo unos años cuando se destaparon en toda su magnitud los millonarios sobresueldos articulados en Telefónica bajo la presidencia de Juan Villalonga. El gran debate social que se desencadenó entonces por esta cuestión provocó un cambio normativo que trajo consigo la obligación de que todas las empresas cotizadas hicieran públicos los incentivos en forma de opciones sobre acciones de que disfrutaban sus ejecutivos.

Ahora el caso de Manuel Guasch en Ebro Agrícolas desvela lo que es no sólo un secreto a voces, sino una realidad diaria. Las grandes empresas, cotizadas o no, comprometen no poco dinero con sus ejecutivos en forma de blindajes e indemnizaciones. Una realidad a la que en mercados anglosajones son enormemente sensibles. De hecho, en Estados Unidos cuando una compañía despide a un alto directivo está obligada a comunicar a sus accionistas y al mercado en general cuáles son los compromisos económicos de todo tipo que permiten la destitución de su ejecutivo.

Ejemplos recientes omo el de Jack Nasser, ex presidente del grupo automovilístico Ford o, sin ir tan lejos, el de Roberto Colaninno en Telecom Italia, a raíz del cambio de propiedad en la compañía; el de Peter Bonfield, ex presidente de BT, e incluso el del máximo ejecutivo de Mannesmann, Claus Esser, son suficientemente ilustrativos para comprobar cómo funcionan este tipo de acuerdos en otros países.