La UE calificará el rendimiento energético de todos los edificios
"La propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del consejo sobre el rendimiento energético de los edificios podría publicarse durante el primer semestre del año que viene", afirma Alejo Vidal-Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo y ponente encargado de elaborar la posición de la Eurocámara al respecto. Esta norma obligará a todos los propietarios de edificios de viviendas y oficinas, tanto viejos como nuevos, a certificar la eficiencia energética de los mismos para 2005.
Dinamarca es el único país que tiene datos fiables sobre los ahorros que pueden derivarse de implantar las medidas mínimas que exige la directiva en el parque residencial. Desde 1998 ha certificado la eficien-cia energética de 160.000 viviendas, lo que ha supuesto un coste de 25 millones de euros (4.160 millones de pesetas). En contrapartida, suponen que de las medidas que han determinado se derivará un ahorro de unos 125 millones de millones de euros (20.798 millones de pesetas). Los dueños de dichas viviendas se beneficiarán de una reducción de su factura energética de unos 20 millones de euros (3.328 millones de pesetas) al año.
El sector residencial -constituido por las viviendas, establecimientos comer-ciales y de hostelería y edificios de oficinas y de utilidad pública- absorbe casi el 41% del consumo energético de la Unión, más que la industria (28%) y que el transporte (31%),
El Ejecutivo comunitario ha decidido intervenir para conseguir un ahorro del 20% del consumo doméstico de energía. Alejo Vidal-Cuadras explica que "hasta ahora, la normativa se reducía a una directiva sobre las calderas y al Programa SAVE, que no tenían un carácter vinculante". En cambio, la propuesta de directiva actual establece la revisión periódica de los sistemas de calefacción y refrigeración de todos los edificios, así como unos requisitos de aislamiento térmico -sin descuidar la calidad del aire interior- para los de nueva construcción, que tam-bién se exigirán a los inmuebles viejos de más de más de 1.000 metros cuadrados cuando soliciten autorización para su reforma.
Esto último y el hecho de que la normativa no afectará a las 150 millones de viviendas unifamiliares de la Unión son los aspectos más polémicos. Sin embargo, Vidal-Cuadras defiende la propuesta, porque "abarcará el 70% de la superficie edificada de la Unión" y, además, "la certificación de los edificios introducirá una orientación en el mercado de alquiler y de compra, con lo que se estimulará su reforma". El último borrador maneja un periodo de tres años para transponer la directiva al Derecho nacional.