Anticorrupción critica al Banco de España por no auxiliarle en el 'caso BBVA Privanza'
La Fiscalía Anticorrupción libra desde mediados de este mes un enfrentamiento abierto con el Banco de España por el caso BBVA Privanza, en el que el juez Baltasar Garzón investiga un presunto fraude multimillonario a través de esta entidad bancaria afincada en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey. Las diligencias están secretas y de momento hay tres directivos del BBVA imputados. También se espera las conclusiones de una comisión rogatoria enviada al mencionado paraíso fiscal.
El motivo del enfrentamiento entre la Fiscalía Anticorrupción y el Banco de España es el nombramiento de peritos judiciales que auxilien al fiscal y al juez en la investigación de los hechos, que encierran cierta complejidad. El Servicio Jurídico del Banco Emisor contestó al requerimiento del juzgado especificando de antemano que no entraba dentro de sus competencias la colaboración pericial en asuntos judiciales. No obstante designó a un inspector de entidades de crédito y ahorro como perito.
Un perito no válido
Cuando fue a jurar su nombramiento en el juzgado, el inspector manifestó que no estaba "especializado en la rama de delito fiscal ni de blanqueo de capitales, ni siquiera, como se puede desprender de las actuaciones, de balanza de pagos".
Ante esta aclaración por parte del inspector designado, el fiscal ha solicitado al juez que requiera al Banco de España para que "designe a quienes reúnan las cualidades y conocimiento que exige la diligencia pericial". Añade que el objeto de la pericia es "el conocimiento y análisis de la deslocalización de inversiones en el extranjero por residentes en España y, particularmente, en un territorio calificado como paraíso fiscal".
Continúa diciendo el fiscal que la "deslocalización, precisamente, se produce a través de una entidad de crédito cuyo comportamiento, para dichas operaciones, nadie mejor que un inspector de entidades de crédito puede analizar. Ello sin perjuicio de las consecuencias fiscales que se persigan a través de aquel movimiento de capitales".
El fiscal pone de manifiesto, en cualquier caso, que el blanqueo de capitales "es una materia que, razonablemente, debe entrar en el ámbito de los conocimientos de un perito como el designado".
Sigue diciendo que tampoco "puede ser ajeno al conocimiento de dicho perito la aptitud para el análisis de cuentas, depósitos y operaciones activas y pasivas, de sus titulares, etcétera, así como de cualquier actividad tendente a deslocalizar rentas y patrimonios generados en España que se derivan de productos fiduciarios del BBVA Privanza de la isla de Jersey".
El fiscal, además, aclara al Banco de España que tanto por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial como por el reglamento interno de la propia institución está obligado a colaborar con la Administración de justicia a través de servicios periciales. Una colaboración que prestó sin impedimiento alguno en el caso Banesto, con la designación de dos peritos con dedicación exclusiva.