EE UU modera la ley antiterrorista por las protestas de los grupos de derechos civiles
Los congresistas de EE UU están casi listos para votar la ley antiterrorista propuesta por el Gobierno de George Bush. Pero las protestas de cientos de grupos de defensa de los derechos civiles han obligado a los legisladores a moderar bastante los términos de la nueva normativa.
El proyecto inicial contemplaba la detención indefinida de inmigrantes sospechosos de terrorismo, sin necesidad de que se presenten cargos formales.
El texto consensuado en la Cámara de Representantes establece un plazo máximo de siete días. A partir de ese plazo, las autoridades tendrán que presentar cargos (abriendo con ello la puerta a un proceso judicial) o dejar al sospechoso en libertad.
Otro de los puntos eliminados es el que permitiría utilizar evidencias aportadas por otros países, incluso si han sido conseguidas por medios que en EE UU se consideran inconstitucionales.
Supervisión judicial
Los congresistas también quieren que se cree un puesto en el Departamento de Justicia para supervisar la protección de los derechos civiles, con capacidad para investigar las quejas de ciudadanos que se consideren objeto de abusos.
El proyecto acota, además, la definición de "terrorismo" propuesta por el Gobierno. La propuesta inicial habría permitido que cualquier delito de pirateo informático fuera considerado como potencialmente terrorista. El nuevo texto establece que sólo serán considerados como terroristas los ataques que intenten acceder a información sobre seguridad nacional, dañar un ordenador seguro u obtener información de un sistema seguro amenazando con dañar dicho sistema.
Lo que sí han conseguido Bush y el fiscal general, John Aschroft, es que se amplíe la potestad de las autoridades para establecer escuchas telefónicas y espiar las comunicaciones electrónicas de los sospechosos.
Hasta ahora, el permiso para hacer escuchas estaba ligado a un número de teléfono concreto. Ahora estará ligado al sospechoso y podrán espiarse todas sus comunicaciones. Pero, incluso en este punto, los legisladores quieren que estas potestades estén en vigor sólo durante dos años y tengan que pasar de nuevo por el Congreso para ser renovadas.