La Eurocámara pide la nulidad de los despidos sin previa consulta sindical
El Parlamento Europeo pretende conseguir que la consulta a los trabajadores constituya un requisito insoslayable en la gestión de las multinacionales europeas. Decisiones adoptadas de espaldas a los comités de empresa, como algunos de los recientes despidos masivos, deben carecer de validez, según la Eurocámara.
Desde el 22 de septiembre de 1996, una directiva europea obliga a las empresas con más de 1.000 empleados y presencia en al menos dos Estados miembros a contar con un comité de empresa transfronterizo que represente a todas las unidades de producción.
La ley impone a los miembros de ese comité la más absoluta confidencialidad en el tratamiento de información sensible para la empresa, como pueden ser planes de reestructuración o decisiones tácticas para el futuro Pero eso no ha impedido que en los últimos meses los representantes sindicales de grandes multinacionales, como la francesa Danone, hayan recibido la mala nueva de drásticos recortes de plantillla minutos antes que se hicieran realidad.
"Las decisiones adoptadas por los consejos de administración sólo deben ser válidas si el proceso de información y consulta con los trabajadores se ha realizado de modo adecuado", ha dictaminado la Eurocámara a propuesta del eurodiputado popular alemán, Winfried Menrad, al revisar la aplicación de aquel texto legal.
El Parlamento Europeo exige además que la obligación de crear un comité de empresa europeo se extienda a las compañías con más de 500 trabajadores, un umbral que ya defendió infructuosamente durante la tramitación de la directiva en 1994.
La ley, aunque respondió a una iniciativa de finales de los años ochenta, no se aprobó hasta 1994, dos años después de que la creación del mercado único presagiase una avalancha de fusiones y consolidación sectorial que aún no ha cesado.
Reticencias
El texto provocaba reticencia en algunas capitales y Londres, en concreto, temía que pudiera revivir el empuje sindical que los años de thatcherismo habían dejado moribundo. De hecho, el Reino Unido se autoexcluyó de todo el capítulo social del Tratado de Maastricht, aunque Tony Blair lo ratificó tras su llegada al poder en 1997. La Eurocámara espera que el proceso de revisión permita afilar una directiva, toda vez que no parece haber dificultado la gestión empresarial, como temieron los partidarios de limar el texto, pero tampoco ha garantizado la información plena a los trabajadores.
El Parlamento pide que se refuercen los mecanismos de consulta y propone sanciones económicas por infringir la directiva. Multas, por cierto, que pendan sobre ambos lados de la mesa -empresarios y comité de empresa- pues la Eurocámara piensa que ambos pueden incumplir su obligación de informar a los trabajadores.