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La juez cita a declarar a cuatro directivos de la CNMV

La juez Teresa Palacios ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha llamado a declarar a cuatro altos directivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que intervinieron en la transformación de Gescartera en agencia de valores. También tomará testimonio a dos hermanos del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna.

Los cuatro altos cargos de la Comisión que intervinieron en este proceso son, según la Fiscalía, el ex secretario del Consejo Antonio Alonso Ureba, el ex consejero José Manuel Barberán, el actual director general de Supervisión, Antonio Botella, y el director general de Entidades, Juan Carlos Basallote.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, también solicitará a la CNMV las actas de los consejos donde se adoptó la decisión de convertir Gescartera en agencia de valores y los expedientes relacionados con esta medida, informa Efe. Otra de las peticiones de la Fiscalía que ha aceptado la juez es solicitar a la propia CNMV un listado con los altos cargos que en su paso por el organismo supervisor han tenido relación con la citada agencia de valores.

La última vez que los consejeros de Gescartera solicitaron el reconocimiento de esta sociedad como agencia de valores fue en marzo del año pasado. La CNMV dio su aprobación el 13 de junio, el mismo día en que sancionó con 10 millones de pesetas a los principales directivos de la sociedad, sin dar publicidad a esta decisión. El 1 de septiembre el ministro de Economía firmó la orden, paso por el cual se le podrían pedir responsabilidades políticas, según la oposición.

La juez también ha accedido a enviar tres comisiones rogatorias a las Islas Caimán, a Miami y a Suiza para que se elabore un informe sobre las sociedades instrumentales que constituyó Antonio Camacho, principal accionista de Gescartera, para desviar fondos de la agencia.

Los hermanos Reyna

La Fiscalía había solicitado y la juez ha aceptado también que se llame a declarar a José y a Francisco Giménez-Reyna, hermanos de Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera y de Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda.

Teresa Palacios preguntará a José Giménez-Reyna por su responsabilidad en las inversiones de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil en Gescartera, y a Francisco por su intervención en las inversiones que la compañía estatal Equipos Nucleares hizo en la citada agencia de valores.

En su escrito a la juez, la Fiscalía también solicitó que se pidan testimonios a las entidades religiosas que invirtieron en Gescartera y que se solicite al Ministerio de Trabajo que aporte la documentación que posea sobre la supuesta participación de la Fundación ONCE en Gescartera.

Teresa Palacios pedirá igualmente a la Agencia Tributaria las inspecciones y actas levantadas contra las entidades y sociedades de Antonio Camacho.

Por último, la juez aceptó también que se llame a declarar a la clienta de Gescartera María Lirios Reig y a la funcionaria de Presidencia del Gobierno María Soledad Villegas que utilizaron un fax de ese departamento para intentar reclamar su inversión en Gescartera.

Algunos de los documentos solicitados por la juez de instrucción han sido pedidos por los distintos grupos políticos para su estudio en la comisión de investigación creada en el Congreso. El PSOE considera imprescindible centrar el foco de atención sobre la CNMV y ya ha pedido la comparecencia de 24 personas relacionadas con el organismo supervisor, incluidos todos los presidentes que ha tenido.

El portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, se preguntó ayer qué hace todavía Pilar Valiente al frente de la CNMV. "Han desaparecido miles de millones de

 

El PP y el PSOE negocian que Zaplana y Chaves no acudan al Congreso

El presidente valenciano, Eduardo Zaplana, y el andaluz, Manuel Chaves, no pasarán posiblemente por la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre el caso Gescartera, pese a haber sido incluidos en las solicitudes de comparecencias presentadas por los dos principales partidos.

Los portavoces parlamentarios del PP y el PSOE, Luis de Grandes y Jesús Caldera, mantienen negociaciones para evitar la presencia de Zaplana y Chaves en el Congreso.

El PSOE ha pedido la comparecencia de Zaplana porque el 25 de febrero del año pasado nombró como asesor personal al director general de Gescartera, Jaime Morey. Los socialistas han solicitado que el Gobierno remita a la comisión todos los contratos que el ex cantante ha firmado con los distintos organismos de la Administración.

El PP ha pedido que Chaves preste su testimonio ante la comisión porque, según los datos de este partido, la Junta de Andalucía mantiene una estrecha relación con la empresa Asesores 2000, uno de los clientes de Gescartera.

Parlamentos autonómicos

Por parte del PP y del PSOE hay una predisposición a que las posibles responsabilidades en que hayan podido incurrir ambos presidentes autonómicos se esclarezcan en sus respectivas comunidades autónomas a través de los parlamentos regionales.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, salió ayer en defensa de la honestidad del presidente andaluz, al igual que otros dirigentes de su partido. No es casual: el pasado lunes, el Consejo Interterritorial socialista pidió a los miembros de la Ejecutiva que defendieran a Chaves con mayor firmeza antes los ataques que está recibiendo en las últimas semanas por parte del PP. Andalucía es un territorio electoral básico para los dos principales partidos.

"No buscamos la impunidad de nadie", dijo ayer Luis de Grandes, "sino el respeto a las reglas". Recordó que en la comisión de investigación creada en el Congreso sobre el caso del lino no compareció en ella el presidente castellano-manchego, José Bono.

 

El máximo accionista de la agencia pide perdón por carta a los afectados

El máximo accionista de Gescartera, Antonio Camacho, ha pedido perdón a través de una carta por su gestión al frente de la agencia de valores, según desveló ayer Tele 5: "Desde mi humilde persona, y utilizando a Blas de Otero, después del silencio pido la paz y la palabra y el perdón de una mala gestión profesional", escribe en la misiva.

Según el escrito, él nunca pensó en abandonar el país ni eludir la actuación de la ley. Dice estar al servicio de la justicia. Según Camacho, el problema surgido en Gescartera "obedece a un desfase patrimonial por las pérdidas escalonadas y escalofriantes en Bolsa desde 1989. Todo el dinero se perdió y se fue disipando en el tiempo", asegura.

Sobre la posibilidad de que el dinero esté en un paraíso fiscal, afirma: "Quiero hacer público que Antonio Rafael Camacho nunca ha tenido cuentas a título personal en ningún paraíso fiscal, ni en Suiza ni en otros territorios, con objeto de evadir la actuación de sus compromisos tributarios".

En relación a los 18.000 millones de pesetas desaparecidos en Gescartera, su máximo accionista asegura que "se constatará una vez más que nunca Antonio Camacho dispuso de dinero alguno salvo el de su propio bolsillo y declarado oportunamente en sus obligaciones tributarias".

Desde el pasado mes de julio, dos funcionarios del Banco de España siguen, en calidad de peritos, el rastro del dinero que se ha evaporado en Gescartera. Si se le suman las rentas ocultas que investiga Hacienda, podría ascender a cerca de 60.000 millones de pesetas.

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