<I>La información presupuestaria y la Ley de Gresham</I>
Francisco Fernández Marugán sostiene que la información económica que publica el Gobierno carece de la calidad y de la sistemática necesarias para que pueda considerarse útil a la sociedad.
Sir Thomas Gresham fue en los Países Bajos agente financiero de la reina Isabel I de Inglaterra, más tarde -ya en su patria- fue Royal Exchanger. De él ha dicho un economista de la maestría y del prestigio intelectual de J. A. Schumpeter que poseyó la capacidad suficiente para conjugar su condición de hombre de negocios con la de funcionario público.
En 1560, emitió una proclama en la que se incluye lo que ha sido considerado como la propiedad más interesante del bimetalismo, que sirvió para que enunciara la ley económica que desde esa fecha lleva su nombre, en la que sostiene que "la moneda mala expulsa del mercado a la buena".
Partiendo de estos hechos, si traigo a colación la Ley de Gresham es para emplearla en un sentido diferente. Quiero aplicarla a la información económica pública que se produce en España, ya que creo que, desde que el Gobierno del PP ejerce sus atribuciones, resulta claro que la información mala expulsa de la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos a aquella que posee mayor solvencia y calidad.
Por ello, los datos mensuales que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hace públi-cos sobre la ejecución de los Presupuestos del Estado vienen siendo sustituidos informativamente por una octavilla titulada El Gobierno informa. La aparición de la misma es temporalmente errática, a lo que se añade el hecho de que los términos en los que se dan a conocer los datos carecen de una sistemática precisa, ya que, como puede probarse, en ocasiones se presentan en términos de caja, lo que no impide que en otras se den a conocer en términos de contabilidad nacional; esta versatilidad no tiene por qué quedar reducida a los hechos anteriores, ya que las cantidades pueden hacerse públicas señalando en un caso lo reconocido y en otro lo pagado; acumulando los da-tos a lo largo del ejercicio o, simplemente, fijando lo referido a un determinado mes suele ser otra de las variantes a las que se recurre en las distintas presentaciones.
Pero las cosas, siendo tan aleatorias como las que vienen sucediendo, no terminan ahí. Lo peor se deriva del hecho de que el empleo de una volantina como El Gobierno informa ocasiona sistemáticamente la desaparición de la información mensual, lo que resulta especialmente preocupante, y no sólo por el menoscabo que se produce respecto de uno de los cometidos que le están conferidos a una institución tan respetable como la IGAE.
Quiero profundizar en este razonamiento porque tras él no hay sino la pretensión de averiguar si la información presupuestaria que proporciona Hacienda es socialmente útil.
Vivimos en una sociedad que pretende ser cada día más transparente y diáfana, en la que el Estado es el primer agente económico, por lo que los impactos que originan sus decisiones resultan particularmente notorios. Pues bien, admitiendo ambos hechos, creo que cuando se recurre sistemáticamente a scoops informativos que desplazan, reemplazan, sustituyen y ocultan la información a la que me vengo refiriendo, se lleva a cabo una apuesta consciente en favor de la opacidad.
Esto ha ocurrido -una vez más- respecto de los datos de la ejecución presupuestaria hasta mayo del ejercicio actual. La información facilitada desde el Ministerio de Hacienda ha sido fragmentaria y parcial, no habiendo supuesto sino un quite con el que se pretende evitar que nos fijemos en algunos datos significativos de la marcha de la economía española. Afianzaré esta afirmación viendo las vinculaciones que se producen entre ciclo económico y ciclo tributario.
Esa vinculación, que resulta siempre interesante, lo es aún más cuando se produce la contradicción que ha hecho aflorar la publicación de la Contabilidad Nacional Trimestral del primer trimestre de 2001.
Analizados los datos por procedimientos interanuales, puede sostenerse que continúa la desaceleración de la actividad económica iniciada, de forma brusca y escasamente tranquilizadora, en el segundo semestre de 2000, si bien, un año después, este deslizamiento discurre a un ritmo más suave y, desde luego, menos erosionador.
Si, por el contrario, los datos se leen recurriendo a comparaciones intertrimestrales anualizadas, lo que ha ocurrido no es sino la interrupción del proceso antes referido y su sustitución por otro en el que se da un cambio de tendencia, motivado por la recuperación que a lo largo de los primeros meses de 2001 se ha producido en la demanda interna. æpermil;sta ha vuelto a alcanzar unas tasas de crecimiento superiores a las de los últimos trimestres de 2000.
Es relevante que en el futuro más inmediato el desenvolvimiento de la actividad responda a una interpretación o a la otra para el diseño que se quiera llevar a cabo de política económica. De ser correcta la primera de las interpretaciones que he manejado, la respuesta a dar es la de averiguar hasta dónde puede llegar el debilitamiento que se está produciendo. Por el contrario, si el relanzamiento de la demanda interna se consolida, de nuevo ésta volverá a superar al nivel de la producción, por lo que habremos de interrogarnos sobre los fundamentos de semejante orientación, sobre su sostenibilidad, en un área como la de la UE donde el ritmo de crecimiento tiende a declinar.
¿Puede la información tributaria ayudarnos a encontrar respuestas a estos interrogantes? Desde luego, la Agencia Tributaria, a través de la Coyuntura Declarada, conoce suficientemente bien la marcha de las empresas españolas, a la vez que observa desde ella las consecuencias que para la recaudación se extraen de la evolución de las mismas.
Pero ocurre, además, que, por diversas razones, el ejercicio 2001 se configura como un año más normal que los de 1998, 1999 y 2000. En él, ha concluido la etapa de expansión de las bases imponibles y de las rentas sujetas a tributación, donde se produjeron aumentos de la recaudación mucho más altos que los registrados en el PIB nominal. Si los ingresos crecieron por encima de las previsiones en los tres últimos años (862.000 millones en 1998, 919.000 millones en 1999 y un billón en 2000), ya no ocurrirá algo parecido en 2001.
Las llamadas novedades normativas del sistema tributario -además- han sido mucho menos significativas en este ejercicio. A fin de cuentas, las acciones discrecionales del Gobierno han sido más infrecuentes, el crecimiento económico más equilibrado y ya estamos algo alejados del momento en que el PP adoptó medidas para hacer aún más regresiva la distribución de la carga fiscal.
Por lo tanto, se está viviendo un momento en el que la potencialidad del sistema tributario se puede ver y me-dir bien. Y, desde ella, podrá desplegarse sin cortapisa alguna la política fiscal.
Quizás por ello, acercándome a la marcha de los impuestos, puedo sostener que es la hora de percatarse de que los impuestos especiales tienen bastante estancada su recaudación; que el impuesto de sociedades que reflejaba de manera muy satisfactoria el buen clima de los negocios desde 1995, hoy en día exterioriza unos resultados de explotación de las empresas españolas, que, traducidas en ingresos públicos, originan tasas de crecimiento situadas tan sólo en algo más del 4%, por debajo más de un 50% de las previstas en los Presupuestos de 2001. El IVA hasta mayo ha crecido aproximadamente un 6%, cuando hace un año lo hacía al 16%. Avanzando un poco en su evolución, he de decir que también marcha por debajo de lo previsto, dos puntos, para ser exactos, ya que hasta ahora sólo ha crecido al 5,6%.
El IRPF es el que más claramente se aleja de la tendencia antes descrita, la masa salarial privada, empujada por las revisiones salariales, los incrementos en los gastos de las pensiones, las elevaciones ocasionadas por la negociación de los convenios y el incremento del empleo ha crecido espectacularmente, lo que está ocasionando mayores ingresos por retenciones y alzas en el tipo medio de las mismas que dan más recaudación, puesto que no se ha corregido la progresividad en frío de este impuesto. Todo ello bastante coherente con el recalentamiento de la demanda interna y con el desbordamiento de la inflación.
Es más, observados en su conjunto, los ingresos no financieros del Estado, en lo que va de año caminan por senderos peor asfaltados que en años anteriores. Se pensaba que crecerían un 6%, pues bien, la realidad es que, medidos por caja, crecen tan sólo el 2,2% y si se comparan a través de los derechos reconocidos, sólo suben el 3,1%. Lejos una y otra referencia de las estimaciones iniciales, por lo que ni recurriendo a la inflación como impuesto parece que podría alcanzarse el objetivo pretendido de ingresos.
Averiguar cómo podrá ir la marcha de la financiación de las tareas públicas, disponiendo de los medios que se tienen para sentar en ellos una sólida previsión, es una tarea útil, aunque no forma parte del propósito de quienes divulgan El Gobierno informa.
Hay en la coyuntura económica hechos interesantes que analizar, pese a ello; la única singularidad que han proporcionado con los datos de mayo es que la de que la recaudación del IRPF se redujo 129.000 millones por la mayor agilización que se está produciendo en el proceso de devolución de este impuesto. Bueno es saberlo, pero este dato se sitúa más cerca del área de agitación y propaganda que el de aquella otra destinada a proporcionar una información solvente. Lástima grande el que se siga primando la mala información a costa de la buena, puesto que, mientras esto suceda, seguiremos sin conocer bien por qué ocurren algunas cosas en la economía española.