Los bancos españoles pagarán 1.900 millones a Carlisle por el 'caso Banesto'
El fondo de inversión estadounidense Carlisle Ventures ha zanjado la disputa que mantenía con Banesto al cobrar una indemnización de 1.900 millones por las pérdidas que sufrió en la macroampliación del banco en 1993. Esta cantidad será cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
El fondo Carlisle Ventures ha zanjado la larga disputa que le enfrentó a Banesto por las pérdidas que sufrió en la macroampliación realizada por el banco en 1993, bajo el mandato de Mario Conde, al cobrar una indemnización de 1.900 millones de pesetas.
Banesto ha comunicado a la CNMV que el pago de esta cantidad, abonada ya en abril, "cumple todos los requisitos" para ser cubierta por el FGD. Según las condiciones por las que el Banco Santander se adjudicó Banesto en 1994, el FGD quedaba obligado a cubrir las pérdidas derivadas de acciones legales contra el banco iniciadas dos años después de la subasta, siempre que hubiera sentencia firme, como ahora.
El pasado año el FGD de los bancos contaba con un patrimonio de 179.912 millones de pesetas.
El origen del conflicto se encuentra en la macroampliación de capital que diseñó Conde cuatro meses antes de que fuera intervenido por el Banco de España. En esta operación, el fondo Carlisle Ventures adquirió dos millones de acciones a 1.900 pesetas por título, precio muy superior al que tenían realmente las acciones de Banesto, dada su situación patrimonial, y que se estimaba en 350 pesetas.
Por ello, Carlisle -que invirtió 3.800 millones en Banesto y que habría sufrido una pérdida de 3.100 millones- presentó en Nueva York una demanda por engaño y fraude por haberle sido ocultada la verdadera situación del banco.
La primera sentencia desfavorable se produjo en junio de 1998, cuando el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Sur de Nueva York impuso a Banesto una multa de 3.100 millones por las pérdidas ocasionadas a Carlisle, a los que se sumaron otros 1.700 millones de intereses. Esta multa de 4.800 millones fue recurrida por Banesto, que pidió una rebaja de 2.700 millones argumentando que el daño real causado al fondo fue muy inferior.
Según Banesto, esta entidad compró acciones a 1.900 pesetas, pero años después pudo venderlas a 1.700 pesetas, por lo que el daño no habría superado las 200 pesetas por título. Banesto se vio obligado a recurrir por imperativo legal, ya que el FGD se comprometió a asumir las reclamaciones sólo en el caso de que existiera sentencia firme. En 1999, la Corte de Apelación del Tribunal de Segunda Instancia de EE UU revocó el cómputo de los daños establecidos por la Corte del Distrito y exigió una nueva estimación de los daños.
Posteriormente, el fondo renunció a varias de sus pretensiones, por lo que la indemnización se fijó en 1.900 millones.