Agricultura y Hacienda se reparten las reservas de una de sus empresas

Los directivos de Tragsa, empresa pública especializada en actuaciones agrícolas, han convocado mañana la junta de accionistas para aprobar un dividendo de 20.648 millones de pesetas con cargo a reservas voluntarias. Esto supone dejar esta partida del balance a cero. Sus accionistas son el Ministerio de Agricultura, con el 80%; Hacienda, que tiene algo menos del 20%, y minoritariamente las Comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que este dividendo responde a las necesidades de financiación del ministerio, que ha tenido gastos extraordinarios por las crisis de las vacas locas o la de los toros. La empresa había previsto que estas reservas se aplicaran a los complementos de los planes de jubilación anticipadas y un plan de pensiones, tal y como se acordó en el convenio colectivo del año pasado, pero, sobre todo, a las inversiones y financiación de infraestructuras agrarias. Estos planes quedan en suspenso y, según las mismas fuentes, el dividendo cuestiona la viabilidad de Tragsa, que emplea a 1.000 trabajadores fijos y unos 7.500 de media como fijos discontinuos. La empresa, que hace cortafuegos, caminos agrarios y construyó las presas de la mina de Aznalcóllar cuando se rompió la balsa, ganó 2.000 millones en 2000.

Si se aprueba este dividendo, sería la segunda vez que ocurriera en Tragsa, aunque en la anterior ocasión, siendo ministro el socialista Luis Atienza, éste fue un porcentaje de los beneficios.