Fomento financiará la entrada en la compra de vivienda protegida
El Gobierno destinará hasta 60.427 millones de pesetas como ayuda a las personas con ingresos máximos de 3,5 millones de pesetas anuales para la entrada de una vivienda protegida, según el acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
La cuantía de la denominada Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) dependerá del tipo de vivienda protegida de que se trate, de la edad del comprador (con cuantías reforzadas si no pasa de los 35 años de edad), del número de miembros de la unidad familiar y de la existencia de minusválidos en la familia, siempre que se trate de la primera vivienda en propiedad.
La ayuda, que será un porcentaje del precio de la vivienda, será entregada al beneficiario en el momento de la formalización del préstamo cualificado para la compra de la casa por parte de la entidad financiera que concede el crédito, tanto si se trata de un préstamo directo como de la subrogación en el préstamo del promotor, y, posteriormente, el Ministerio de Fomento reintegrará esa cantidad a la entidad de crédito
Según Fomento, esta nueva ayuda pretende concentrar las que existen por parte del Estado en el momento de la compra de la vivienda, cuando hay que efectuar mayor esfuerzo.
Este nuevo sistema de ayuda estatal no anula ni sustituye al sistema actual de financiación cualificada de la primera compra de vivienda en propiedad, incluido en el Plan de Vivienda 1998-2001, sino que constituye una alternativa adicional.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado la formalización de convenios con 99 entidades de crédito que van a colaborar en la financiación del programa 2001 del Plan de Vivienda 1098-2001 mediante la concesión de préstamos cualificados y la ayuda a la entrada.
Réplica a Aragón
A partir de ahora las entidades de crédito podrán conceder a los promotores de viviendas protegidas y a los propios ciudadanos que reúnan las condiciones necesarias tanto los préstamos cualificados como la Ayuda Estatal Directa a la Entrada.
El ministerio de Fomento recuerda que el volumen máximo de préstamos cualificados a conceder para el conjunto de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, es de 500.000 millones de pesetas, inicialmente, más una cuantía adicional de 100.000 millones.
El Consejo de Ministros decidió también ayer interponer recurso de inconstitucionalidad contra una disposición de la ley de ordenación y participación en la gestión del agua de la Comunidad Autónoma de Aragón. La disposición de la ley autonómica, causa del recurso del Gobierno, establece que para la aprobación, modificación o revisión del Plan Hidrológico Nacional y de los planes hidrológicos de cuenca que conciernan al territorio de Aragón, deberá recabarse, con carácter previo, el preceptivo informe del Instituto del Agua de Aragón, que tiene como finalidad determinar su coherencia con la política de agua de dicha comunidad. El recurso del Gobierno se produce sólo unas semanas después de la presentación de uno similar de Aragón ante el Constitucional contra el Gobierno por el Plan Hidrológico.
Nueva gasolina súper
Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer la ley del Plan Hidrológico Nacional, y, por tanto, entrará en vigor dentro de 19 días, el 26 de julio.
El Gobierno aprobó también ayer un real decreto por el que se adelanta al primero de agosto de 2001 la prohibición de comercializar la gasolina con plomo (la súper de 98 octanos) en todo el territorio nacional, que estaba establecida en el 1 de enero de 2002.
El nuevo carburante, que aún utilizarán más de dos millones de coches, tendrá una fiscalidad más baja para evitar que se produzca una subida de su precio sobre el actual.
Más ayuda a los parados de más de 45 años
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que regula un programa para este año de renta activa de inserción para parados de larga duración y mayores de 45 años, y por el que unas 65.000 personas recibirán una renta de 54.090 pesetas (el 75% del SMI) mensuales durante un máximo de 10 meses. Está renta se destinará a aquellas personas "con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo", si éstas se comprometen a realizar actuaciones para su inserción laboral.
La nueva norma flexibiliza los requisitos de acceso por lo que podrán beneficiarse los parados de larga duración sin recursos, aunque carezcan de responsabilidades familiares y no hayan obtenido previamente prestaciones por desempleo contributivas o asistenciales.
En la normativa de 2000 se exigía que los desempleados fueran de larga duración, en situación de necesidad y tener responsabilidades familiares y, para acreditar la situación de necesidad, se exigía no tener reconocido un derecho o protección por desempleo y haber extinguido alguna prestación o subsidio de los establecidos en la Ley General de la Seguridad Social. Por último, la nueva norma refuerza los mecanismos que favorecen la inserción laboral e incluye el voluntariado.