<I>Seguridad y rentabilidad de las pensiones </I>
Un sistema de pensiones de ahorro debe contemplarse a lo largo de una vida de cotización y no con episodios puntuales, sean positivos o no.
En la reciente actualización de la propuesta de reforma del sistema de pensiones que presentó el Círculo de Empresarios hace cinco años han surgido dos dudas que conviene clarificar.
En primer lugar, todavía hay personas que hablan de costes desorbitados de transición entre los dos sistemas (reparto y ahorro individual) cuando este tema quedó ya entonces técnicamente zanjado. La única recomendación que cabe hacer es que los críticos se tomen la molestia de leerse el estudio. Abundando en ello, es preciso subrayar que la propuesta del Círculo de Empresarios jamás consistió en crear un fondo para capitalizar los compromisos a que se enfrenta el sistema de reparto. Nadie en su sano juicio podría hacer una propuesta de este tipo a no ser que toda Europa así lo decidiera, que no es el caso.
En segundo lugar, se planteó el tema de la seguridad del sistema de reparto, versus la inseguridad del ahorro, cuando la realidad es precisamente la contraria. El sistema de reparto actualmente vigente se basa en la certeza de la detracción del 28% del sueldo del trabajador y en la incertidumbre absoluta de lo que cobrarán en el futuro todos aquellos pendientes de jubilación y, en especial, los jóvenes. La cantidad a cobrar depende de variables ajenas al control del trabajador o de los políticos, como la tasa de natalidad o la esperanza de vida. Es decir, se está pagando un impuesto sin derecho a recibir nada en el futuro al no haber, por definición, derecho de propiedad sobre unos fondos que no existen al tratarse de simples trasvases de unas manos a otras.
Ligado al tema de la seguridad está el de la rentabilidad futura del ahorro. Se ha dicho que como hay años en que la Bolsa sube y años en que baja, el cobro de una pensión basada en el ahorro variará de la misma forma. Este argumento es fácilmente refutable, ya que un sistema de pensiones de ahorro debe contemplarse a lo largo de una vida de cotización y no con episodios puntuales, ya sean éstos positivos o negativos. El baremo con el que hay que comparar un esquema de capitalización es, por ejemplo, la evolución del índice del mercado de valores durante cualquier periodo de 35 a 40 años, es decir, una vida de cotización. Es más, cabría incluso desglosar dicho índice entre renta fija y renta variable. Los ejemplos que pueden ofrecerse en EE UU o Chile son concluyentes. La rentabilidad real media de las pensiones chilenas tras 20 años ha sido del 11% acumulativo anual, tomando naturalmente en consideración los años de baja de la Bolsa. En EE UU la cifra ha sido desde 1926 del 7,6% en términos reales y, en el peor de los periodos de 20 años, que incluye el crash de la Bolsa americana y la gran depresión, 1929-1948, fue del 3,4%.
Si el mercado de renta variable nos parece demasiado arriesgado, hoy en día existen dos países desarrollados, Estados Unidos y el Reino Unido, que ofrecen posibilidades de ahorro en bonos de renta fija que garantizan una rentabilidad permanente por encima de la inflación. En el Reino Unido son los Inflation Linked Gilts, y en EE UU, los Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Estos últimos están garantizando hoy entre el 3,4% y el 4% de rentabilidad real anual por encima de la inflación. No pretendo afirmar que la Bolsa española ofrezca estas rentabilidades, pero en un mercado abierto y global es evidente que es altamente probable y posible alcanzar rentabilidades reales como mínimo del 3,5%, con riesgo prácticamente nulo.
No es lógico, por otra parte, suponer que la situación económica, y su reflejo en la Bolsa, pueda evolucionar negativamente y que sin embargo las fuentes de financiación del Estado (de las que se derivan los pagos de pensiones de reparto) mejoren. Una situación económica desfavorable supone menos empleo, menos crecimiento y, por lo tanto, menos ingresos, lo que con toda certeza pone en peligro un sistema de reparto cuya única salida en estos casos sólo puede ser la de reducir las pensiones y/o aumentar los impuestos, lo que a su vez refuerza la recesión económica.
Por otra parte, la rentabilidad de un sistema de reparto viene limitada por la tasa de crecimiento de los salarios, que históricamente ha sido siempre inferior a la rentabilidad de una cartera de inversiones, ya sea renta fija o variable. Por si fuera poco, en la actual situación española, la tasa interna de rendimiento (TIR) del sistema de reparto es superior a la suma de la tasa de crecimiento de empleo y la de los salarios (o bases de cotización media), lo que matemáticamente impide que el sistema actual sea financiable.
La clave es comprender que, si bien los mercados de capitales por definición implican algún elemento de riesgo, éste puede ser mínimo, mientras que el riesgo del sistema de reparto estatal proviene de que depende tanto de variables políticas como demográficas, acerca de las cuales el trabajador no tiene protección alguna.
Para resolver éstos y otros problemas, el Círculo de Empresarios sigue defendiendo un modelo de tres pilares: un primer pilar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que garantiza una pensión básica a todos los ciudadanos. Un segundo pilar constituido con aportaciones de carácter obligatorio, destinadas a una cuenta de ahorro individual que se nutriría con parte de las actuales cotizaciones sociales (el 13,5% versus el 28,5% del sistema actual).
Y un tercer pilar de carácter voluntario, aportado libremente por cada uno en función de sus prioridades y su propensión al ahorro, con ventajas fiscales.
Las aportaciones del segundo pilar serían las que al final se convertirían en la parte principal de la pensión de su titular y tendrían la ventaja de que éste recibiría una pensión acorde con las aportaciones realizadas en su vida. Constituirían su ahorro personal transmisible además a sus herederos en caso de fallecimiento. Estas cuentas de ahorro individual estarían gestionadas por entidades privadas, supervisadas por el Banco de España con criterios rigurosos y sin más riesgo que el que el propio contribuyente quisiera asumir.