La minería del carbón se enfrenta a su enésima cura de adelgazamiento
La decisión de la Unión Europea de suprimir las ayudas al sector del carbón en aras de una mejor conservación del medio ambiente ha sembrado la alarma en las cuencas mineras.
A falta de apenas un año para la extinción del Tratado CECA, que reguló y aseguró durante cinco décadas el desarrollo de los sectores industriales europeos del carbón y del acero (el tratado surgió tras la segunda contienda mundial con el objetivo de unir esfuerzos comunes en estas empresas), el futuro del carbón y de los más de 10.000 mineros de Asturias y León que trabajan en este sector es cada vez más incierto.
La permanente amenaza que se cierne sobre su destino, a modo de Guadiana comunitario, ha vuelto a resurgir por los ojos de la Comisión Europea. No hay dudas. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, propuso la pasada semana una serie de actuaciones que supondrán directamente la desaparición de las ayudas a la producción del carbón en el horizonte de 2010.
Se trata de una muerte anunciada, ya que suspender la aportación de los aproximadamente 170.000 millones de pesetas anuales que se destinan al sector español del carbón supondrá desentubar al enfermo terminal y dejar que el sector desaparezca por propia inercia.
El carbón español, excesivamente más caro que el de importación, está protegido actualmente por un plan minero suscrito entre Gobierno y sindicatos que tiene como marco temporal de vigencia el año 2005, aunque en 2002 deberá replantearse el sistema de ayudas al desaparecer el tratado CECA.
Precio, contaminación y escaso consumo vienen ahogando el desarrollo de este sector, que sufre cada año mayores recortes de empleo y producción.
Prodi ha propuesto que se apliquen medidas valientes en materia económica, eliminando subvenciones que fomentan el uso desconsiderado de los recursos naturales y animando a las empresas a que apliquen formas de explotación más sostenibles. Fuentes comunitarias apuntaron que una de las opciones posibles es mantener un sistema de ayudas durante un periodo transitorio, con el propósito de permitir un mínimo de producción autóctona de energía, tal como se recoge en el Libro Verde sobre seguridad de apro-visionamiento energético, aprobado por la Comisión.
La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar y la Federación Minerometalúrgica de CC OO ha reclamado una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento. "No es aceptable en modo alguno un planteamiento así", manifestó el máximo responsable de la minería en dicha federación sindical, Rafael Varea.
Por su parte, el secretario regional de SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, denunció la "campaña de descrédito" emprendida por los responsables comunitarios contra el sector minero. "Resulta muy sospechoso", continuó señalando Fernández Villa, que se intenten ahora eliminar las ayudas al carbón "mientras se pretenden recuperar otras para impulsar la energía nuclear".
El pleno del Senado que se celebrará el próximo martes debatirá una moción del PP que insta al Gobierno a realizar ante la UE las gestiones necesarias que posibiliten un nuevo régimen de ayudas al carbón una vez finalizada la vigencia del Tratado CECA que garantice el cumplimiento del Plan del Carbón 1998-2005. Asimismo plantea su posible prolongación has-ta que los efectos de las medidas de reactivación en él contempladas permitan recuperar el empleo perdido y creen un nuevo tejido económico en estas zonas.
El Gobierno ha señalado que hará lo posible ante la UE para mantener los empleos.
Un sector dependiente de las subvenciones
El sector de la minería, que emplea en España a más de 10.000 personas, tiene como principal exponente a Hunosa en el sector público y a Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) en el lado privado. Tanto empresas públicas como privadas viven de las subvenciones del Gobierno, pero no han conseguido aminorar el ingente volumen de pérdidas que arrastran (sólo en 2000, Hunosa registró un déficit de explotación de más de 34.000 millones de pe-setas).
Un Consejo de Ministros del pasado mes de febrero aprobó este año ayudas por valor de casi 76.000 millones de pesetas. De esta cantidad, 17.406 millones tenían como destino Hunosa, controlada al 100% por la SEPI, mientras que el resto iban a solventar la situación de 48 empresas privadas. Precisamente el viernes el último Consejo de Ministros aprobó subvenciones para Minero Siderúrgica de Ponferrada por valor de 2.212 millones de pesetas dentro del marco del Plan del Carbón 1998-2005.
La reconversión del sector, iniciada hace más de una década, parece que tiene que hacerse de una vez por todas. La ausencia de ayudas en el futuro, basándose en el perjuicio que la explotación del carbón supone para el medio ambiente, hará que las cuencas mineras tengan que buscar nuevas alternativas de empleo.
La SEPI ya ha iniciado las búsqueda de inversores para crear nuevas empresas en las zonas afectadas por la reconversión a través de una oficina específica para localizar oportunidades de negocio.