El sector de telefonía exige que el Estado asuma el retraso del nuevo móvil
Quedan cuatro meses para el lanzamiento oficial del nuevo móvil en España y nadie quiere asumir la responsabilidad de anunciar si la tecnología estará o no disponible. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, dirigido por Anna Birulés, ha enviado una carta a los operadores para que se retraten y éstos han remitido a su vez una misiva a los suministradores pidiendo que contesten "por escrito" si van a ser capaces de tener la tecnología para entonces. Los implicados, sin embargo, exigen que sea el Gobierno el que tome la responsabilidad, ya que en juego están avales por 740.000 millones.
El día D en España de la nueva telefonía móvil multimedia se echa encima y el sector de las telecomunicaciones se ha puesto al borde de una ataque de nervios. Las cuatro operadoras que hace un año consiguieron licencias con la obligación de comenzar a prestar servicios de UMTS el próximo día 1 de agosto, Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera, han remitido cartas a todos los suministradores de equipos celulares exigiéndoles que contesten "de modo pormenorizado y por escrito" si van a ser capaces de tener disponibles para esa fecha los equipos que se precisan.
Cada una de las empresas ha remitido su propia misiva a los suministradores, pero, al parecer, el objetivo final en todos los casos es el mismo. Y el origen de esta similitud está en que ha sido Ciencia y Tecnología el que ha solicitado a las operadoras que se retraten y contesten si habrá o no tecnología para la fecha fijada. Pero las operadoras no quieren ser las únicas responsables de una situación que, aseguran fuentes de las implicadas, ha creado el Gobierno, así que han traspasado parte de la responsabilidad a los suministradores.
Hay que recordar que en el concurso para la adjudicación de permisos para operar UMTS se incluía una cláusula en la que se especificaba que los ganadores de las licencias no tendrían excusa ninguna para no iniciar el servicio después del día 1 de agosto de 2001, salvo que quedara fehacientemente demostrado "que la tecnología no está disponible".
A estas alturas del proceso, cuando faltan cuatro meses para que se cumpla el plazo fatídico, todas las partes, Gobierno, operadores y suministradores, están convencidos, sin ningún género de duda, de que los equipos de red de UMTS apenas comienzan a cumplir las especiales especificaciones que se les exigen, mientras que los terminales sencillamente no existen.
Sorpresa y disgusto
En estas circunstancias, las siete multinacionales suministradoras de equipos de red y terminales presentes en España (Ericsson, Lucent, Siemens, Nortel, Alcatel, Motorola), más algunas otras compañías que venden sólo celulares (Philips o Panasonic), han recibido con cierta sorpresa y disgusto la carta enviada por los operadores. Entienden que el tono conminatorio, "exigiendo una respuesta por escrito", tiene como objetivo que sean precisamente ellos, los fabricantes, quienes carguen con la responsabilidad de decidir "si la tecnología UMTS está o no disponible".
Fuentes cercanas a varias de estas multinacionales han explicado que están "meditando muy concienzudamente la respuesta que se debe dar, porque nos jugamos mucho en esa contestación". Según estas fuentes, "todo el sector sabe que el UMTS no está disponible, pero ni el ministerio ni las operadoras quieren cargar con la responsabilidad de anunciar a la opinión pública que se retrasa un proyecto en el que se han producido severas acusaciones de precipitación". Y lo más fácil ahora es "echar el muerto a los fabricantes para que seamos nosotros los que carguemos con la responsabilidad de no haber sabido desarrollar la nueva tecnología a tiempo".
Pero los fabricantes de equipos de telefonía móvil, sobre todo los que han conseguido contratos de suministro de UMTS con los operadores españoles (Nortel, Ericsson, Motorola, Nokia y Siemens), saben que este reconocimiento puede convertirse en una trampa mortal.
El peligro viene porque se han hecho cargo de una buena parte de los avales que Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera ofrecieron a la Administración como garantía de cumplimiento del compromiso de dar servicio UMTS el 1 de agosto en las ofertas que les sirvieron para ganar las licencias. Aunque las cifras son secretas, este diario ha podido saber que está avalado por las cuatro telefónicas con 740.000 millones. De éstos, las operadoras han trasladado a sus suministradores avales por una cantidad que supera el medio billón.
Los fabricantes se niegan a dar una contestación a la carta de las operadoras asumiendo que la tecnología UMTS no está disponible, si antes no existe un pacto entre los propios fabricantes, los operadores y la Administración. Este pacto obligaría a las partes a comprometerse a que no utilizarán una respuesta por escrito negando la disponibilidad de UMTS como prueba de incumplimiento de los compromisos adquiridos, y por tanto como desencadenante de un proceso de ejecución de avales que, aseguran las fuentes mencionadas, "llevaría a la industria española de telecomunicaciones a la bancarrota".
Amena confirma que recurrirá el cobro de la tasa
El momento ha llegado. El Gobierno asegura haber remitido ya a las operadoras la liquidación de la tasa por la utilización del espectro radioeléctrico y, aunque éstas afirman que no la han recibido todavía, ya ha habido repercusiones. Amena ha sido la primera en dar un paso al frente y confirmó ayer públicamente que recurrirá el cobro del impuesto ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha sido la encargada de remitir a los operadores de móvil y de telefonía local vía radio (LMDS) la liquidación de la tasa, aunque se desconoce qué medio utilizaron para ello y en qué momento lo recibirían las implicadas.
En cualquier caso, es la Agencia Tributaria la que debe ponerse en contacto con las compañías para tramitar el pago. A partir de ese momento, las empresas dispondrán de un periodo de 15 días hábiles para pagar el impuesto o bien recurrirlo. La posibilidad de acogerse a un pago en plazos de la tasa también debería ser acordado con la Agencia Tributaria, aunque desde Hacienda explicaron que "no se tiene conocimiento de que se vaya a retrasar el cobro", informa Europa Press.
Por el momento, Amena ha sido la única en confirmar que interpondrá el recurso. El resto de las compañías asegura que esperará a conocer el detalle de la liquidación para presentar la apelación o decidir cuál será su próximo movimiento.
Un aval del 0,5%
El recurso ante el TEAC permite posponer el pago hasta el momento del fallo, en caso de que sea negativo, y hasta entonces el desembolso limita a un aval, que rondará el 0,5% de la suma avalada.
La tasa por el uso del espectro radioeléctrico supone este año 160.000 millones de pesetas (961,61 millones de euros), de los cuales 140.000 millones de pesetas (84,14 millones de euros) corresponden a la telefonía móvil. De esta forma, un aval de 800 millones permite posponer y, en su caso, evitar el pago de estas multimillonarias cifras.
Existen otros tipos de recursos antes de apelar al Tribunal Económico-Administrativo, que alguna operadora podría utilizar para intentar dilatar al máximo el periodo de negociaciones con el Gobierno. El objetivo sería que fuera la propia Administración la que redujera el importe del impuesto o estableciera compensaciones. La inminencia del cobro ha reavivado las conversaciones entre la Administración y las compañías implicadas, hasta el punto de que el pasado martes las operadoras de LMDS tuvieron una reunión con representantes de Ciencia y Tecnología a tal efecto.
Todas las compañías afectadas por la tasa tienen la vista puesta en el pago de este año, ya que la ministra de Ciencia y Tecnología ha adelantado que, al tratarse de un impuesto, podrá ser revisado el ejercicio próximo para volver a adecuarse "al valor actual" del espectro y esta referencia ha caído en picado en los últimos meses.
El Gobierno estableció un nuevo valor del espectro después de la concesión de las cuatro licencias de telefonía móvil UMTS el pasado mes de marzo. El motivo del cambio fueron los precios astronómicos que alcanzaron los permisos en las subastas del Reino Unido y Alemania.