Bruselas critica la implantación de la tasa del nuevo móvil en España
El elevado coste de las licencias de telefonía de tercera generación (UMTS) y la incertidumbre sobre futuras cargas impositivas constituyen, según Bruselas, los principales enemigos del sector. El coste per cápita de las cuatro licencias adjudicadas en España sólo se ha superado en el Reino Unido y Alemania; en cuanto a la incertidumbre, el canon impuesto a posteriori a las adjudicatarias en España no tiene parangón en el resto de la Unión Europea.
Las cuatro operadoras de telefonía móvil en España abonarán, según la Comisión Europea, 14.000 millones de euros por la concesión del espacio radioeléctrico durante 20 años. La factura está lejos de los casi 51.000 millones de euros abonados por el mismo concepto en Alemania o los 38.000 millones que recaudó el Reino Unido. Pero, en términos de inversión por usuario potencial, el esfuerzo de las operadoras en España supera al que han realizado los adjudicatarios en Italia, Holanda, Austria, Bélgica, probablemente Francia y, desde luego, Suecia y Finlandia, donde las concesiones fueron gratuitas.
"Si eres un inversor, está claro que los peores enemigos son los elevados costes y la incertidumbre", afirmó ayer el comisario de Empresas, Erkki Liikanen, a preguntas sobre el canon impuesto por el Gobierno español a las operadoras de UMTS. "Se trata de una decisión anual, que ni siquiera nosotros sabemos qué ocurrirá en el próximo ejercicio", constató Liikanen sobre la discrecionalidad del impuesto español sobre el uso de espacio radioeléctrico.
El Gobierno se propone fijar cada año, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, la cuantía de ese canon, en función de variables tan imprevisibles como el valor de mercado del espacio radioeléctrico. Las operadoras españolas ya han alertado a Bruselas sobre esta peculiaridad del sistema español, sin precedentes en ningún otro Estado miembro, y amenazan con denunciar el impuesto ante los tribunales nacionales.
Liikanen presentó ayer en público el primer estudio de la Comisión Europea sobre el proceso de adjudicación de las licencias de UMTS en el continente. Bruselas se ha resistido siempre a decantarse en favor de alguno de los sistemas de selección de operadores (subasta, concurso o mixto), reclamando únicamente que se primara la solución más favorable al rápido desarrollo de la tecnología y los contenidos del nuevo canal.
Cuando ya se ha concedido casi el 90% del espacio radioeléctrico de Europa, el departamento de Liikanen alerta ahora sobre los riesgos para el sector que provoca la fragmentación del sistema, las diferentes cargas financieras de cada empresa y la incertidumbre ante el futuro. Liikanen no descarta que el reajuste financiero que soportará el sector como consecuencia de las licencias y del descalabro de los valores tecnológicos en los mercados bursátiles acabe repercutiendo negativamente en la nueva tecnología. La CE teme, incluso, que Europa pueda perder el liderazgo en telefonía móvil que disfrutaba respecto a EE UU o Japón. "Les hemos regalado dos años para alcanzarnos", se queja una fuente diplomática española.
Liikanen propuso ayer superar el caos vivido hasta ahora armonizando las normas sobre futuras concesiones de licencias. La Comisión no duda de que el proceso no ha concluido. No sólo porque los Estados liberarán más espacio radioeléctrico, sino porque algunos operadores renunciarán a su licencia.
Nuevos servicios
La infraestructura de los nuevos servicios exigirá una inversión de 130 millones de euros, el mismo coste que las licencias, lo cual supondrá "un importante impacto económico para los nuevos competidores que no disponen aún de infraestructura ni de presencia en el mercado", según el informe de la CE.
Liikanen se pronunció ayer en favor de que los operadores compartan toda la infraestructura necesaria para la telefonía de tercera generación, incluida las estaciones base. El comisario confía en que todos los Estados miembros acepten esta solución, aunque adelantó que las condiciones de concesión en cada país pueden provocar de nuevo divergencias en este aspecto.
La CE pide que se unifiquen también las posibles sanciones a las operadoras por no cumplir los compromisos adquiridos con las licencias.