La Fiscalía Anticorrupción investiga la venta de Sintel a Mas Canosa
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias informativas para investigar presuntas irregularidades en la venta de Sintel por Telefónica al empresario estadounidense de origen cubano Jorge Mas Canosa. La decisión se produce un día después de que Trabajo aprobara el despido del 44% de la plantilla. Los empleados continúan sus protestas y exigen al Gobierno una salida negociada al conflicto.
A. N. Madrid
Los trabajadores de Sintel califican el expediente de despido que afectará a 796 empleados de los 1.818 de "oscuro e irresponsable, como lo fue la venta de Sintel", antigua filial de Telefónica (presidida en aquellas fechas por Cándido Velázquez), a la familia Mas Canosa en abril de 1996. La Fiscalía Anticorrupción abrió ayer diligencias informativas para investigar presuntas irregularidades en la privatización de Sintel y la posterior gestión del grupo Mas Tec.
La fiscalía ha tomado cartas en el asunto después de que los trabajadores de Sintel denunciaran hace seis meses "anomalías en los gastos financieros". CC OO fundamentan esta acusación en el impago de Mas Tec a Telefónica por la compra.
"Si Telefónica sólo recibió 1.300 millones de pesetas de los 4.900 millones en los que estaba valorada la venta, debería haber recurrido a los tribunales, y no lo hizo", añaden dichas fuentes. "Además, existe otro dato paradójico", apunta el secretario de política industrial de la Federación Minerometalúrgica de CC OO, Ramón Górriz, "Telefónica le consintió abonar el resto en cómodos plazos y fijar el cobro de la operación a través de pedidos de trabajo en caso de impago por parte de la familia Mas Canosa".
Acusaciones
Comisiones añade que la descapitalización de Sintel se hizo patente cuando Telefónica compró los inmuebles de Sintel por 1.500 millones de pesetas, "una cantidad inferior al valor del mercado, que se cifró en 20.000 millones", apunta Adolfo Jiménez, presidente del Comité Intercentros.
La denuncia presentada recoge, además, que "Sintel ha actuado como avalista de créditos de sus filiales, que le adeudan cerca de 4.000 millones de pesetas". También incluye "la cancelación anticipada e injustificada de más de 5.000 millones a diversas empresas del grupo Telefónica cuyo vencimiento estaba previsto a largo plazo. Además, el consejo de administración de la firma estuvo presidido por altos cargos de Telefónica hasta 1997".
Las diligencias ahora abiertas a la compañía, adquirida recientemente por Carlos Gila por dos euros, pueden dar lugar al archivo de las actuaciones o desembocar en una querella.
Los trabajadores no abandonarán las protestas y ampliarán la huelga general hasta el 1 de mayo. Recurrirán el expediente de regulación aprobado el lunes y emplazarán al Gobierno a convocar una mesa tripartita de negociación con Telefónica y los sindicatos para abonar las nóminas de los empleados (ya siete) y decidir quién va a ser el socio industrial.
Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto en el Congreso propondrán la creación de una comisión de investigación para "depurar responsabilidades políticas" por la venta de la empresa Sintel.