Bruselas vigila las promesas electorales de rebaja fiscal
La Comisión Europea ya ha expresado su deseo de conocer las medidas fiscales de los Gobiernos antes de que se adopten para verificar su impacto en la zona euro. Extremando aún más el celo inquisidor, Bruselas ha advertido esta semana que otea ya el riesgo incluso cuando las rebajas impositivas se encuentran en estado de promesa electoral. Los políticos italianos, en plena precampaña, han sido los destinatarios del toque de atención.
La Unión Europea está a punto de zambullirse en un periodo electoral, de casi dos años de duración, que afectará a algunos miembros con una dimensión económica muy significativa en la zona euro. Italia -la tercera economía de la UEM, con un 15,4% en la ponderación del PIB de los Doce- es el primer Estado en acudir a las urnas dentro de apenas tres meses. Más adelante cumplirán su cita los dos pesos pesados del bloque, Alemania (34,8% en la ponderación del PIB) y Francia (22%).
También el Gobierno de Irlanda, cuyo Presupuesto nacional para 2001 fue condenado recientemente por el Consejo de Ministros de Economía de la UE (Ecofin), pasará pronto el examen de su población. Y fuera de la zona euro, muy probablemente Toni Blair intentará en mayo revalidar su mandato en el Reino Unido (13,3% del PIB de los Quince), con el reto de convocar un referéndum sobre el euro dos años después, como muy tarde.
En el terreno monetario, sólo esta promesa electoral recibe la más efusiva bienvenida por parte de la Comisión. Bruselas desentraña el resto y, sin pronunciarse sobre el fondo de las mismas, teme que, de cumplirse alguna de las basadas en rebajas fiscales, las consecuencias se paguen a mucha distancia de las urnas.
El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, se permitía el pasado lunes recomendar a las fuerzas políticas de su país, Italia, que ciñan sus promesas a las exigencias de la política económica y monetaria de la Unión. Ya existe -advirtió en una entrevista con el diario Il Corriere della Sera- una "significativa preocupación" en Bruselas sobre la salud de las finanzas públicas italianas. Y los recortes impositivos prometidos tanto por la coalición de centroizquierda, de Francesco Rutelli, como por la de derecha y favorita en los sondeos, de Silvio Berlusconi, parecen aumentar esa zozobra al no adivinarse en los programas electorales alusión alguna a recortes paralelos en el gasto público.
Además, el currículum de Italia no resulta tranquilizador en este aspecto. Ya en la Ley de Presupuestos para 2001, Roma prevé una reducción del gasto corriente equivalente sólo al 0,4% del PIB, frente a un recorte impositivo cercano al 1% del PIB.
"Las futuras reducciones fiscales", sentenció el comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, en su último veredicto sobre el programa de estabilidad italiano para el periodo 2000-2004, "sólo deben ejecutarse si se consiguen mejorar los resultados presupuestarios previstos".
Ese programa de estabilidad, que compromete al Gobierno italiano que salga de las urnas, cualquiera que sea su signo político, prevé un déficit presupuestario del 0,8% este año y aplaza el equilibrio fiscal hasta 2003.
El Ecofin ya advirtió a Italia que el más ligero desliz puede poner en peligro el conjunto del programa, en un país que "no ha realizado progresos significativos para atender el desafío a medio plazo del gasto en pensiones" y cuya deuda desborda el criterio fijado en Maastricht para la unión monetaria (60% del PIB, frente al 106,6% previsto por Italia para este ejercicio). En esas condiciones, implora la Comisión, promesas, las justas.
Insuficiente liberalización en servicios
El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada un informe sobre el impacto de la liberalización en el crecimiento de la UE. Aunque se trata sólo de vaguedades más alguna opinión ensartada por el eurodiputado popular y ponente Carles Gasóliba -"las instituciones internacionales y los agentes económicos han hecho de la ideología liberal su credo"; "existe un amplio consenso en cuanto a que esta política es la única que puede tener efectos positivos para nuestra economía"- el informe lanza también dardos contra el intervencionismo público en la actividad privada y sus efectos sobre el PIB.
El Parlamento pide un equilibrio entre las políticas de liberalización y la reglamentación nacional y comunitaria. Denuncia el "insuficiente nivel de liberalización alcanzado en el sector servicios", y añade que la participación estatal en ese sector aboca a una gestión burocrática y al clientelismo político. Aleccionador, pero sólo hace dos meses la misma Eurocámara frustraba los planes de liberalización postal y aguaba la ley comunitaria de OPA.