Aznar niega que el Gobierno ponga dificultades a la entrada de la eléctrica portuguesa
La Comisión Europea advirtió ayer al Gobierno que la oferta lanzada por Electricidade de Portugal y Cajastur para comprar Hidrocantábrico constituye una operación de dimensión comunitaria sobre la que las autoridades nacionales no tienen competencia. Es más, Bruselas anunció que la ley que esgrime el Gobierno para poner en cuestión esa OPA está siendo investigada por presunta violación de las normas comunitarias sobre libre circulación de capital.
Pocas horas después de que se conociera el pasado jueves la oferta pública de adquisición lanzada por Electricidade de Portugal y Cajastur por el 100% de Hidroeléctrica del Cantábrico, el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, auguraba dificultades para esa operación dada la presencia de capital público (poco más del 30%) en el accionariado de la empresa eléctrica portuguesa.
El vicepresidente basaba su negro presagio en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1999. En ese texto legal, el Gobierno se permitió imponer a las empresas extranjeras con participación pública que deseen adquirir más del 3% de una compañía eléctrica española la necesidad de obtener primero el plácet del Ejecutivo.
La amenaza de esa legislación, que Rato no duda en calificar de "muy clara", ha cercenado los planes de expansión de empresas como la francesa Electricidade de France o la propia EDP en el sector eléctrico español. Pero la Comisión Europea le recordó ayer al Gobierno que tan clara, al menos, como la española y, desde luego, de rango superior, es la legislación comunitaria.
Los argumentos de Monti
La portavoz del comisario de Competencia, Mario Monti, advertía que, aparte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión es el único órgano competente para dilucidar la procedencia o no de fusiones y OPA de rango comunitario.
En esta categoría se incluyen las operaciones entre empresas cuyo volumen de negocio en la UE supere los 250 millones de euros, umbral que claramente sobrepasan las compañías involucradas en este intento de concentración.
La Unión Europea sólo establece la posibilidad de que las autoridades nacionales se reserven el derecho a pronunciarse sobre una operación de esa envergadura cuando afecte a "intereses legítimos" de los Estados. Pero concreta esa excepción en intereses relacionados con la seguridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación y las reglas de prudencia financiera.
La invocación de cualquier otro interés -como en el caso de la ley española, la voluntad del Gobierno de evitar la participación de capital público en un sector liberalizado- exige que el Estado miembro lo notifique a la CE y espere su autorización antes de adoptar cualquier medida sobre una operación empresarial. La CE tiene entonces obligación de contestar en el plazo de un mes.
Los obstáculos gubernamentales a la OPA lanzada por EDP y Cajastur (24 euros por acción de Hidrocantábrico, en una operación valorada en casi 400.000 millones de pesetas) han revelado que la Comisión estaba ya rastreando las trabas a la inversión extranjera aprobadas por el Gobierno de Aznar (Ley 55/1999).
"El comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, está investigando la legislación española relativa a las compras de empresas en el sector de energía", anunciaron ayer fuentes comunitarias. Esa norma, afirman las mismas fuentes, puede infringir los artículos del Tratado de la Unión Europea sobre inversión intracomunitaria.
"La Comisión considera que exigir la autorización para adquirir una participación determinada en una empresa constituye una medida restrictiva y, por tanto, una violación del Tratado", aseguran desde el departamento de Bolkestein.
De Palacio se enfrenta
Esa interpretación del Tratado enfrenta a Bolkestein con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, que considera necesaria una clarificación sobre las medidas restrictivas a la inversión que pueden adoptar los Estados miembros. La comisaria española insiste desde junio pasado en que se celebre en el Colegio de Comisarios un debate interno para definir con nitidez la postura al respecto de la Comisión Europea.
La propuesta, sin embargo, languidece desde entonces, pues De Palacio se ha estrellado con la negativa de los comisarios más afectados, Bolkestein y Monti, a abrir el debate. Ambos defienden la aplicación estricta del Tratado, sin válvulas de escape que puedan abrir paso a arbitrariedades de los Estados miembros. Fuentes próximas a Bolkestein acusan, en concreto, a De Palacio de "buscar únicamente que se equipare la legislación europea con la norma que el Gobierno español aprobó para el sector eléctrico".
Por otra parte, ayer se conoció la renuncia del consejero de EDP en Iberdrola.
EDP, Cajastur y TXU dicen que su pacto es irrevocable
RWE ratifica ante la CNMV que analiza "seriamente una posible adquisición de acciones de Cantábrico"
Tania Juanes Madrid
Mientras que la empresa alemana RWE intensifica los trámites para el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones sobre Cantábrico, la portuguesa EDP, junto a su socio Cajastur, intenta cerrar el apoyo de los accionistas del llamado grupo asturiano, como Masaveu, y del Gobierno de esa comunidad autónoma.
Los máximos directivos de la empresa portuguesa, que ha lanzado una oferta sobre el 100% de la compañía que preside âscar Fanjul, se entrevistaron ayer con el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Dadas las diferencias existentes entre la entidad financiera y el ejecutivo autónomo, la compañía lusa ha considerado necesario explicar directamente sus planes en caso de que la operación salga adelante. Y éstos pasan por convertir al grupo en la tercera eléctrica de la península Ibérica (la segunda en caso de fusión de Endesa e Iberdrola), creciendo por medio de compra de activos provenientes de esa integración y con nuevos proyectos de generación.
Asimismo, Cajastur, EDP y TXU (que se ha comprometido a vender su 19,2% del capital de Cantábrico a las dos entidades antes citadas) han ratificado que su pacto es irrevocable, aunque se presente una oferta por un precio más elevado (como obliga la ley). Y se destacó en el encuentro que su proyecto es el único que puede dar una estabilidad accionarial a Cantábrico. En esta línea se añade que, en el mejor de los casos y si RWE lanza una OPA, ésta sólo controlaría el 65% de las acciones, por lo que no tendría capacidad para modificar los estatutos de la sociedad que limitan los derechos políticos al 10%, con independencia de su participación en el capital.
Otros analistas subrayan también que en el capital de RWE, que se decanta con la previsible mayor competidora de EDP, se registra, asimismo, la presencia de capital público, con una cuota de más del 20%, a través de la participación de los länder y otros órganos regionales.
RWE, por su parte, ratificó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su interés por la cuarta eléctrica española y que, por tanto, "continúa analizando seriamente una posible adquisición de acciones de Cantábrico".
Medios consultados señalan que la empresa alemana está a la espera de la autorización por parte de la CNMV de la OPA del grupo portugués para el lanzamiento de la suya, para lo que la comisión cuenta con 15 días hábiles en caso de que no opte por solicitar información adicional. Y en su escrito a las autoridades reguladoras reconoce que es consciente de que debería mejorar el precio al menos un 5%. Las acciones de Cantábrico continuaron subiendo ayer en Bolsa hasta alcanzar los 24,6 euros por título, con un incremento del 4,6%. RWE tampoco ha abandonado el contraataque en medios institucionales y se ha comprometido con Areces a triplicar el tamaño del grupo asturiano si toma una posición de control.
Aznar niega haber puesto obstáculos a la inversión portuguesa
Agencias Madrid
El presidente del Gobierno, José María Aznar, negó ayer durante la clausura de la XVII cumbre hispanoportuguesa celebrada en Sintra que "el Gobierno español ponga dificultades a las inversiones portuguesas en España". Aznar respondía así a una pregunta sobre la postura del Gobierno español ante la oferta pública de adquisición (OPA) realizada conjuntamente por la portuguesa Empresa de Electricidad y Cajastur sobre la eléctrica española Hidrocantábrico. Sin embargo, reconoce que "la entrada de la compañía Electricidade de Portugal (EDP) en nuestro país en esa operación tendría que superar aún algunos obstáculos legales".
La Comisión Europea ha pedido al Ejecutivo español que, de producirse el veto de la oferta pública de acciones (OPA), ésta se argumente con "intereses legítimos".
Es decir, la Comisión Europea ha pedido al Gobierno español que notifique el motivo de su posible oposición y veto a la OPA. El Ejecutivo español también deberá exponer cuáles son los intereses legítimos que defiende en el caso de adoptar esta decisión. La portavoz de Competencia, Amelia Torres, señaló que la operación tendría "dimensión comunitaria, a la luz de la cifra de negocios que suman ambas empresas".
El 6 de febrero será el último día en el que se puedan lanzar ofertas sobre la eléctrica asturiana. En estos momentos hay dos OPA lanzadas y una prevista.
Normativa comunitaria
El artículo 21 del Reglamento europeo sobre fusiones especifica que sólo la CE tiene competencia exclusiva para decidir sobre adquisiciones, aunque los Gobiernos pueden impedir estas operaciones si protegen intereses legítimos, que se refieren a la pluralidad de los medios de comunicación social, la protección de la seguridad pública y la defensa de las reglas prudenciales. De esta forma, "si un Estado miembro quiere proteger otros intereses legítimos que no son los recogidos en este artículo, deberá notificar sus argumentos a la CE y ésta tiene un mes para pronunciarse", señala Torres.
Aun en el caso de que el Gobierno no decida intervenir en esta operación, la OPA lanzada por EDP sobre Hidrocantábrico deberá ser notificada a Bruselas en un plazo de siete días desde su anuncio público, para ser estudiada desde el punto de vista de la legislación de competencia.