El sector audiovisual calcula que la piratería provocó pérdidas de 2.500 millones en 2000
La venta fraudulenta de copias de películas en vídeo ocasionó un perjuicio al sector el año pasado de 2.500 millones de pesetas, lo que representa un 5% del negocio, según el balance divulgado ayer por la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual.
Durante el año 2000, las Fuerzas de Seguridad realizaron 228 actuaciones contra la piratería videográfica (53 más que el año anterior), ocupando 15.511 videocasetes fraudulentas, 221 magnetoscopios y distinto material como etiquetas o carátulas. La mayoría de las actuaciones se realizaron contra mercadillos y varios videoclubes que comercializaban videocasetes de carácter fraudulento, aunque también se produjeron 37 actuaciones por la exhibición pública de películas o su transmisión a través de televisiones locales y vídeos comunitarios.
En cuanto a la industria del videojuego, durante el año pasado las Fuerzas de Seguridad practicaron 154 intervenciones, ocupando más de 150.000 discos compactos conteniendo otros tantos videojuegos; 50 consolas, 204 ordenadores personales con sus correspondientes grabadores de CD-Rom y 2.552 microprocesadores instalados en las consolas para que las mismas puedan leer los juegos piratas. La piratería en este ámbito se ha reducido, pero aún alcanza un 60% del sector.
En este caso, la mayoría de intervenciones se produjeron en tiendas especializadas en la venta de videojuegos y en mercadillos. A las cifras citadas habría que añadir los datos correspondientes a las dos últimas operaciones policiales del año en el transcurso de las cuales se intervinieron 20.000 discos en la Calle Treviño de Madrid y 25.000 más destinados a su venta ambulante en diversas localidades y consecuencia de una operación organizada a escala nacional contra la duplicación de CD musicales, videojuegos y aplicaciones informáticas.
En su conjunto, las actuaciones judiciales contra la piratería en los ámbitos audiovisual y de videojuegos permitieron incautaciones por valor superior a los 1.500 millones de pesetas. Los tribunales dictaron 72 sentencias condenatorias, con penas de entre 6 y 28 meses de prisión, multas e indemnizaciones que en muchos casos superan el millón de pesetas.